Nota de prensa 

Durante supervisión, se encontraron tres establecimientos de salud cerrados en la provincia de Lamas.

760 profesionales de la salud, de ocho redes, están contagiados de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo exigió a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín y al Ministerio de Salud (Minsa) adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención permanente en los establecimientos de salud de la región, especialmente, en aquellos ubicados en localidades con población indígena.

Estos requerimientos se realizan, tras supervisar, entre el 15 y 27 de agosto, las 44 microrredes de las provincias de Moyobamba, Rioja, Tocache, Lamas, el Dorado San Martín, Bellavista y Picota, jurisdicciones donde se ubica población indígena de origen awajún, kichwa, quechua, shawi y yaminahua, a fin de conocer la situación de los establecimientos de salud que atienden en dichas microrredes.

De acuerdo a la información obtenida, la Defensoría del Pueblo pudo detectar que los puestos de salud de San Juan de Shanusi, Bonilla y Yumbatos, en la provincia de Lamas, no se encontraban prestando servicios, debido a que el personal de dichos establecimientos presentaría comorbilidades para el COVID-19, además de tener tratamiento por otras enfermedades. Cabe precisar que, en las redes de salud supervisadas, se ubican 324 establecimientos de salud, de los cuales 21 se encuentran ubicadas en territorio de comunidades indígenas.

Asimismo, se reportó un total de 43 comunidades indígenas donde se habrían confirmado casos positivos de coronavirus, siendo las más afectadas las provincias de Lamas, Rioja y Bellavista, donde se registran, en conjunto, más de 30 localidades indígenas perjudicadas por la pandemia. Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que en todo el departamento de San Martín ha 35 894 personas autoidentificadas como indígenas y 226 comunidades y localidades indígenas, cuyos representantes han venido demandando la adecuada atención de salud en sus territorios.

Otro aspecto, que alarma a la institución, es la elevada cifra de profesionales de la salud en estas provincias que han sido contagiados de COVID-19, identificándose, durante la supervisión, un total de 760 casos confirmados. Las provincias más afectadas por esta situación son San Martín, Bellavista y Picota, que concentran más de 570 casos. Esta realidad, además de debilitar los servicios de salud que brindan, pone en grave riesgo su propia vida e integridad y, al mismo tiempo, a la población a la que atiende.

Frente a esta situación, a través de un documento dirigido a la Diresa de San Martín y al Ministerio de Salud, la institución trasladó los resultados de la supervisión, y demandó asegurar la presencia de personal sanitario, a quienes se les debe dotar de equipos de protección y de bioseguridad al personal, a fin de cautelar su derecho a la salud. En adición a ello, demandó urgentes acciones para verificar la situación de los establecimientos cerrados, así como adoptar las medidas correctivas para su inmediata reapertura.

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo requirió al Ministerio de Cultura adoptar acciones coordinadas con las autoridades sanitarias, las organizaciones indígenas locales y los líderes de cada comunidad para activar la estrategia de alerta de casos sospechosos COVID-19 y realizar el monitoreo y seguimiento a las personas indígenas contagiados en las 43 comunidades afectadas por esta enfermedad de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 210-2020-MC, del 30 de julio del presente año, que implementa la estrategia antes mencionada.

Finalmente, cabe señalar que, a la fecha, y de acuerdo con los reportes de la Diresa San Martin, en dichas provincias se han identificado 22 044 personas contagiadas por el COVID-19, lo que hace imperativo la necesidad de adoptar estrategias de atención y prevención coordinadas para atender la pandemia en esta región.