Nota de prensa
Pese a evidencias de lesiones, la comisaría del sector no habría tramitado la denuncia.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto demandó a la oficina disciplinaria de la Policía Nacional en la Región San Martín investigar el accionar de los efectivos de la Comisaría de Familia de Tarapoto quienes habrían omitido tramitar, ante el respectivo juzgado de turno, el caso de agresión física efectuado contra una persona con discapacidad de 32 años.
De acuerdo a la información de los hechos, la víctima es una persona con discapacidad auditiva, quien se desempeña como lustrabotas en la zona. El pasado 14 de julio, habría sido golpeado por su tío. Pese a la gravedad de las marcas dejadas en su cuerpo, los efectivos policiales de la Comisaría de Familia a cargo del caso solo habrían elaborado un Parte Policial, dejando constancia de los hechos donde señalaron que hacía falta de un intérprete en lenguaje de señas para entender a la víctima.
Debido a ello, el caso no pasó al Poder Judicial de forma inmediata, evitando la posibilidad que la víctima pueda gozar de las medidas de protección que dispone la normatividad en materia de violencia contra personas en condición de vulnerabilidad, manteniéndose el riesgo de volver a ser agredido.
La intervención de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto permitió que el caso sea remitido al Poder Judicial a pesar de haber transcurrido tres días de los hechos. No obstante, se ha exigido a la oficina disciplinaria de la Policía Nacional en la Región San Martín, se inicie una investigación administrativa disciplinaria contra los efectivos involucrados en el caso y se adopte las medidas correctivas pertinentes, con el fin de evitar que se repitan hechos similares, garantizando el derecho de las personas con discapacidad a ser atendidas de forma debida y oportuna en las dependencias policiales de su localidad.
Asimismo, se ha exhortado tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 1470 que establece el tipo de medidas que se deben implementar para garantizar la atención y protección en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta norma establece que toda denuncia debe ser comunicada inmediatamente al juzgado competente, a fin de que se dicte las medidas de protección en un plazo no mayor a 24 horas.
Por otro lado, se recordó que las instituciones públicas están obligadas a contar con intérpretes de lengua de señas, para lo cual pueden valerse de la tecnología disponible, como video llamadas por redes sociales, en los casos que no se cuente con esta clase de profesionales.
Ante hechos como este, la Defensoría del Pueblo en Tarapoto recordó que la ciudadanía puede comunicarse con esta oficina a través de la línea gratuita 0800-15-170, al número telefónico: 942664852 o escribiendo al correo electrónico matarapoto@defensoria.gob.pe
