NOTA DE PRENSA

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca demandó a la Dirección Sub Regional de Salud de Chota iniciar acciones de investigación para determinar la responsabilidad del personal de salud que habría condicionado la atención a dos madres gestantes a la realización previa de una prueba de descarte para COVID-19, lo que generó la demora en la atención de uno de los casos y la referencia o traslado de otra de las pacientes a otro centro de salud.

El pedido fue hecho luego que se tomara conocimiento, a través de los medios de comunicación local y redes sociales, que el personal de salud del Hospital José Soto Cadenillas, de la provincia de Chota, habría condicionado y negado la atención a dos gestantes por falta de pruebas de descarte, lo cual colocó en riego la vida de las mujeres y sus bebés.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, en documento dirigido al director de la Sub Región de Salud de Chota, solicitó además disponer acciones de coordinación y organización de los servicios de salud en los establecimientos de salud de su jurisdicción, a fin de garantizar la atención de las gestantes en dicha provincia.

Al respecto, la entidad recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19, tienen derecho a recibir atención de alta calidad, antes, durante y después del parto.

Asimismo, la institución recuerda que las normas emitidas por el Ministerio de Salud no condicionan la atención de las gestantes a que se les practique una prueba de descarte. Por el contrario, estas normas dejan en claro que, aún si la gestante tuviera COVID-19, tiene derecho a ser atendida. La Dirección Regional de Salud de Cajamarca ha establecido, por su parte, que la aceptación de una referencia no está supeditada al requisito de aplicar una prueba de descarte a los pacientes.

Agustín Moreno, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, informó también que ha solicitado la intervención del Ministerio Público ante un nuevo caso en el que una gestante con dilatación 9 y taquicardia fetal, referida previamente de la provincia de Santa Cruz, no fue atendida oportunamente en el Hospital José Soto Cadenillas de Chota.

“Preocupa a la Defensoría del Pueblo que en el hospital de Chota se venga condicionando las referencias y atención de gestantes a la realización previa de una prueba de descarte de COVID-19, debido a que dicha condición no tiene sustento normativo legal ni constitucional”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo, quien exigió garantizar la vida de las gestantes y de sus bebés por nacer.