Nota de Prensa 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes solicitó a la Dirección Regional de Educación (DRE) garantizar el derecho a la educación de los 280 estudiantes de la I.E.P. María Auxiliadora que cesó sus servicios, así como de los 36 niños, niñas y adolescentes migrantes que, en el contexto de la emergencia sanitaria, no acceden hasta ahora a una vacante.

A través de una queja de una madre de familia, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes tomó conocimiento que los estudiantes del colegio privado mencionado se han visto perjudicados en su derecho a la educación luego que el 27 de abril las autoridades del establecimiento comunicaran el cierre del mismo.

Frente a esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes pidió a la DRE adoptar las acciones necesarias para que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) verifiquen el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley Nº 26549, ley de centros educativos privados, por parte de los colegios particulares que hayan optado por el cierre o cese. Asimismo, coordinar para que los padres de los estudiantes, que así lo deseen, puedan acceder a vacantes en instituciones educativas públicas.

Por otra parte, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes recibió la solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que 36 niñas, niños y adolescentes migrantes que no están recibiendo educación puedan ser matriculados. Ellos se han enfrentado a la falta de vacantes por ausencia de logística en las instituciones educativas.

Ante ello, se ha recomendado a la DRE disponer presupuesto, materiales educativos y recursos para la contratación de docentes, a fin de permitir la atención del servicio educativo, mediante clases virtuales, a las niñas, niños y adolescentes que no cuenten con vacantes, y se garantice su derecho a la educación.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes hará seguimiento a estas recomendaciones para que se cumplan los derechos de esta población.