Nota de prensa
Se han reportado 97 casos en distritos con comunidades indígenas, pero se desconoce el número de personas asháninkas y nomatsiguengas contagiadas.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) que incluya, en su sala situacional COVID-19, la variable indígena u originaria regional, con la finalidad de visibilizar la afectación del virus en la población indígena e implementar acciones focalizadas para atender estos casos y prevenir la propagación del virus.
En la región, más de 390 000 habitantes se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas quechua, aimara y asháninka, teniendo el mayor porcentaje de hablantes de una lengua indígena. Así, según el Censo Nacional 2017, estas personas se ubicarían dentro de las 445 comunidades campesinas y 10 comunidades nativas que hay en la región. Sin embargo, la Gerencia Regional de Desarrollo Social ha informado que no existe un registro por comunidades campesinas y nativas, a pesar de la presencia de casos confirmados de COVID-19 en dos distritos de la provincia de Huanta y tres de La Mar, las cuales albergan comunidades campesinas y nativas.
En ese sentido, la Dirección de la Red de Salud de San Francisco informó a la oficina defensorial, que se tienen identificadas seis comunidades nativas que registran casos por COVID-19, entre asháninkas y nomatsiguengas, además de las que existen en del distrito de Samugari. Estas familias vienen siendo atendidas en los establecimientos de salud. No obstante, se advierte que no contarían con profesionales que hablen su lengua nativa y, como tal, no se estaría garantizado la atención de salud con pertinencia cultural.
Según la información de la sala situacional COVID-19, publicada por la Dirección Regional de Salud, al 15 de agosto, se registraron 8295 casos confirmados, 123 pacientes hospitalizados, 13 en UCI y 216 fallecimientos. En los distritos con comunidades asháninkas y nomatsiguengas se reportan un total de 97 casos: Canayre (16), Llochegua (42), Santa Rosa (15), Anco (10), Chungui (4) y Samugari (21).
“Consideramos que, se debe implementar de manera urgente el registro de casos de COVID-19 en la región, indicando el número de personas contagiadas y la etnia a la que pertenece, para garantizarles el acceso a la salud con pertinencia cultural. Asimismo, se debe intensificar la difusión, en sus lenguas originarias, sobre las medidas de prevención, atención y riesgos de la enfermedad, y demás disposiciones adoptadas por el Gobierno durante esta emergencia sanitaria”, señaló el jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.
Para la institución es importante que los gobiernos regionales velen porque los derechos a la salud y a la atención con enfoque intercultural sean efectivamente implementados en las comunidades con población indígena u originaria, por lo que se mantendrá vigilante con el propósito de que las cifras de COVID-19 reflejen la atención médica que vienen recibiendo.
