DEFENSORÍA DEL PUEBLO: RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PUEDEN SER SANCIONADAS

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Nota de prensa 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno gestionó la entrega de información pública requerida por el Frente de Organizaciones Populares a la Dirección Desconcentrada de Cultura adscrita al Ministerio de Cultura, sobre la directiva y bases para acceder al apoyo económico establecido en el Decreto de Urgencia N° 058-2020, que era solicitada desde el pasado 08 de junio, sin obtener respuesta.

“Ante el incumplimiento injustificado de la entidad adscrita al Ministerio de Cultura pese a las múltiples llamadas telefónicas y consultas por medios digitales, demandamos proveer la documentación requerida, advirtiendo que estarían incurriendo en una falta grave, plausible de sanción a nivel administrativo”, aseveró el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona.

Atendiendo la recomendación defensorial, la Dirección Desconcentrada de Cultura entregó la información solicitada por la asociación. Al respecto, se recuerda que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad estatal, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Esta información debe ser otorgada en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

Por su parte, la Constitución Política del Perú señala que el acceso a la información pública es un derecho fundamental por el cual todo ciudadano  puede solicitar sin expresión de causa la información que requiera y  recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga su reproducción. El ejercicio de este derecho no se encuentra suspendido mientras dure el estado de emergencia, en tanto permite el control ciudadano de las acciones de la administración estatal, la lucha contra el secretismo y la corrupción, así como y la vigencia del principio de máxima publicidad en la gestión pública. Dada su importancia, se exhorta a las entidades públicas a garantizar este derecho de todas las personas.