Fuente : Defensoría del Pueblo
Aporte será tomado en cuenta en documento que elabora la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo informó que remitió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Informe para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en el que se detallan las principales situaciones de vulneración de derechos humanos registrados en el país, durante el periodo 2018 – 2022. Dichos aportes serán considerados en el documento de resumen que elabora la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Como parte del informe, se destaca la aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030, pero se advierten deficiencias en la aplicación de la norma penal que sanciona el delito de discriminación. A ello se agrega que, en la sociedad peruana, persisten estereotipos y prejuicios raciales que afectan principalmente a las personas indígenas, afrodescendientes, extranjeras y LGBTI.
De otro lado, se recogen aportes en torno al incremento de la migración venezolana al país, que ha traído consigo discursos asociados con la inseguridad ciudadana y la implementación de medidas discriminatorias. En ese sentido, si bien se identifican avances en la afiliación directa y automática de la niñez migrante y refugiada hasta los 5 años, así como de gestantes, al Seguro Integral de Salud (SIS), independientemente de su condición migratoria, entre otras acciones, se advierten limitaciones en el acceso a los servicios sanitarios de las personas extranjeras no residentes, así como en el acceso a vacantes en los colegios públicos.
En el informe también se señala que el Perú no cuenta con información oficial y datos estadísticos sobre la violencia que afrontan las personas LGBTI, lo que impide establecer los índices de violencia que afectan a esta población o los patrones que caracterizan estos delitos.
También se precisa que, si bien se han aprobado planes, políticas y diferentes normas para combatir la desigualdad de género y los diferentes actos de violencia en agravio de mujeres, niñas y niños, aún se necesita mayor articulación entre las diferentes instituciones, así como enfatizar el tema de la prevención contra dichos flagelos.
Además, se advierte falta de acciones de prevención para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas y se hace hincapié en la necesidad de contar una ley de personas defensoras de derechos humanos que vincule a todos los organismos del Estado y no solo al Ejecutivo y, sobre todo, que se dote de presupuesto para la protección a las/los defensoras/es ambientales e indígenas.
Sobre el reconocimiento y titulación de tierras indígenas, se señala que es necesario contar con una política pública ordenada para el saneamiento físico legal de las comunidades, así como simplificar los procedimientos administrativos vigentes a fin de prevenir los conflictos sociales. Asimismo, se advierte la falta de garantías para que se lleven a cabo los procesos de consulta previa durante la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y que el Poder Legislativo no implementa procesos de consulta previa antes de adoptar medidas legislativas que afecten a los pueblos indígenas.
Sobre procesos de diálogo y seguimiento de acuerdos, resaltamos la aprobación del protocolo para promover la participación de mujeres en procesos de diálogo y precisamos que es necesario fortalecer el seguimiento de los acuerdos que realizan las oficinas de gestión de conflictos de los ministerios; así como gestionar el cumplimiento mediante la aprobación de una norma que formalice el curso del acta dentro de los procesos de gestión pública.
Por su parte, en lo que concierne a las medidas de reparación a favor de las víctimas y familiares de víctimas del periodo de violencia 1980-2000, se advierten los escasos avances en aspectos como salud, educación y vivienda, debido a que se les ha incluido en programas sociales, desnaturalizándose así el concepto de reparación. Asimismo, se señala la grave situación que afronta el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, debido a la falta de presupuesto.
Finalmente, en su calidad de Mecanismo Independiente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo señala que el Perú ha continuado implementando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque no de manera satisfactoria debido a limitaciones de orden presupuestal y de reconocimiento de la capacidad jurídica de algunas personas.
Cabe precisar que el EPU es un mecanismo universal a través del cual los países miembros de las Naciones Unidas se someten a una revisión periódica sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios. El Estado peruano fue examinado en los años 2008, 2012 y 2017, y este año, tiene la oportunidad de informar sobre la evolución de la situación de los derechos humanos, así como los logros, dificultades y desafíos en la implementación de las recomendaciones aceptadas.
Para acceder al texto completo del Informe de la Defensoría del Pueblo del Perú para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal, así como a su anexo, ingrese a los siguientes enlaces:
Informe de la Defensoría del Pueblo del Perú para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal
