DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE AL INPE AGILIZAR TRÁMITES PARA DESHACINAR PENALES SAN MARTÍN Y LORETO

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Nota de prensa 

Más de 70 internos se verían perjudicados por demora en atención de expedientes, pese a que contarían con requisitos para beneficios de libertad condicional y semilibertad.

La Defensoría del Pueblo demandó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) agilizar los trámites para la atención de los pedidos de libertad condicional y semilibertad de más de 70 internos de los penales de Tarapoto, Pampas de Sananguillo y Yurimaguas, quienes contarían con los requisitos para acceder a estos beneficios penitenciarios, dispuestos como parte de la política de deshacinamiento para prevenir la propagación del COVID-19.

A través de un documento dirigido al jefe de la Oficina Regional Nor Oriental del Inpe, la sede de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto comunicó los resultados de la supervisión efectuada a estos tres establecimientos penitenciarios, donde se advirtió demoras por parte de sus directores para la formación de los expedientes administrativos correspondientes a un total de 74 internos, los mismos que deben ser remitidos por las autoridades penitenciarias al Poder Judicial.

En el caso del Establecimiento Penitenciario de Tarapoto, el módulo de la Defensoría del Pueblo  en la ciudad pudo advertir que existen 44 expedientes que deben ser remitidos al Poder Judicial. Similar situación se presenta en los penales de Pampas de Sananguillo y Yurimaguas, donde habría más de 30 expedientes en trámite sobre  beneficios penitenciarios.

De acuerdo a lo informado por los directores de los tres establecimientos penitenciarios, el motivo principal de la demora fue la disponibilidad de los profesionales que laboran en las diversas áreas, que se vio mermada al haber sido contagiados por el COVID-19. Sin embargo, ello no puede perjudicar la situación de los internos, por lo que se solicitó al ente regional del Inpe a disponer acciones inmediatas, entre ellas la contratación de más personal o el traslado eventual de trabajadores INPE a dichos penales, con el fin de agilizar los trámites.

Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de que el INPE adopte acciones para prevenir y contrarrestar probables brotes masivos de COVID-19 en los establecimientos penitenciarios de todo el país. A través del informe “Situación de las personas privadas de libertad a propósito de la emergencia sanitaria nivel nacional”, se advirtió que la salud de la población penitenciaria se podría ver seriamente comprometida debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que ya existían en los penales antes de la llegada del COVID-19 al país.

En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto reiteró su compromiso de continuar velando por los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas privadas de su libertad que cometieron delitos menores y que se encuentran en riesgo de ser contagiadas por el COVID-19.