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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE A ESSALUD EVITAR QUE ASEGURADOS NO PAGUEN POR DONACIÓN DE SANGRE EN AYACUCHO

Pacientes asegurados pagan 700 soles por servicio de donación de sangre en el Hospital Regional de Ayacucho.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho exigió a la Red Asistencial de EsSalud Ayacucho disponer las acciones inmediatas que garanticen la dotación permanente de unidades de sangre y hemoderivados para las y los asegurados que la requieran, sin realizar pagos o trámites en otros establecimientos de salud.

Recientemente, en la oficina defensorial, se han recibido varias quejas de familiares de pacientes asegurados a EsSalud quienes manifiestan que los encargados del Banco de Sangre del Hospital II de EsSalud les habrían indicado gestionar las unidades de sangre y hemoderivados que necesiten en el Hospital Regional de Ayacucho.

Al respecto, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar, tomó conocimiento, a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa), sobre la existencia de un convenio entre el  Hospital Regional de Ayacucho y EsSalud para que el primero provea de unidades de sangre a las y los pacientes asegurados.

No obstante, este convenio se encontraría suspendido debido a que EsSalud no habría cumplido con cancelar la deuda de 700 mil soles al Hospital Regional por prestaciones realizadas  durante los años 2018 y 2019 a pacientes asegurados.

Asimismo, la Diresa informó que el Hospital Regional de Ayacucho proporciona unidades de sangre y hemocomponentes para los casos de emergencia, con la condición de que el paciente reponga, mediante donantes, las unidades proporcionadas, debiendo pagar el costo de los reactivos usados en el tamizaje y la bolsa colectora, cuya total llega a los 700 soles.

En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho reitera que EsSalud debe solucionar los problemas administrativos y tomar las medidas de contingencia necesarias, sin perturbar la calidad de la atención de salud brindada a los más cien mil asegurados, evitando exponerlos a situaciones que puedan agravar la salud y la vida.

El acceso a la salud es un derecho fundamental de toda persona, por lo que la institución permanecerá atenta a que se cumpla con la recomendación emitida a fin de que no se vulneren los derechos de la ciudadanía.