Nota de prensa 

Intervenciones policiales deben realizarse aplicando los principios básicos del uso de la fuerza y armas de fuego.

Población debe cumplir medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria para evitar el contagio de COVID-19.

El reciente fallecimiento del señor Raymundo Choque Cersso (52) y las graves lesiones que han sufrido dos efectivos policiales hacen necesario replantear la forma en que se vienen desarrollando operativos contra ciudadanas y ciudadanos que incumplen las normas de distanciamiento social. Como se sabe, los efectos de la pandemia por el COVID-19 han generado que el Estado adopte medidas que buscan prevenir y controlar la propagación de esta enfermedad, motivo por el cual el país se encuentra actualmente en una nueva convivencia social que requiere el compromiso de todas y todos. Sin embargo, a pesar de estar prohibidas las reuniones y concentraciones de personas registramos a diario reportes sobre eventos sociales, deportivos y de diversa índole, que ponen en riesgo la salud pública.

Esta situación ha generado el incremento de las intervenciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Armadas (FF. AA.) y serenazgo en diversos distritos del país. Eventos como las denominadas “fiestas COVID-19” se realizan a menudo, terminando en algunos casos con denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza policial en las intervenciones. La ausencia de una adecuada organización y planificación de las operaciones impide que la PNP pueda hacer uso diferenciado y progresivo de la fuerza pública, la cual tiene niveles preventivos, que van desde la presencia policial, verbalización y control de contacto; y, niveles reactivos que utilizan el control físico, técnicas defensivas no letales, pudiendo llegar incluso hasta la fuerza letal con el uso de armas de fuego, con el objetivo de defender la vida propia o de otras personas.

La Defensoría del Pueblo ha intervenido y se ha pronunciado al respecto en reiterados comunicados, exhortando al uso de la fuerza de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad. El Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial establece que las unidades policiales deben contar con medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de las personas.

Hechos como los que ocurrieron en el mes de agosto en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos, donde 13 personas perdieron la vida durante una intervención policial o el ocurrido este último fin de semana en el Callao, donde un disparo acabó con la vida de una persona y dos policías quedaron gravemente heridos, no deben repetirse.

Para ello, es importante la capacitación y entrenamiento permanentemente del personal policial, en técnicas y tácticas de control de multitudes, uso de armas no letales y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego. A esto se debe sumar el acompañamiento psicológico y control de emociones, toda vez que la pandemia viene afectando la salud mental de todos y todas, sin excepción, por los altos niveles de estrés al que se encuentran expuestas las personas.

Estas medidas permitirán mejorar la idoneidad de los operativos, para conseguir resultados de forma pacífica o, en los casos que se requiera, usando la fuerza pública de conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos aplicables a la función policial.

La profesionalización policial exige que se les brinde a los efectivos, capacitación teórica y práctica no solo en su etapa formativa en las escuelas policiales, sino de forma permanente, con sustento en valores y en el enfoque de derechos, respetando la dignidad de todas las personas.

Por último, se debe considerar que se aproximan fechas festivas nacionales, regionales y locales, como Navidad, Año Nuevo y temporada de verano en las playas del litoral, que generan la concentración de personas a pesar de no encontrarse permitido; por lo cual la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio del Interior la elaboración de un plan operativo, que contemple acciones de control, así como de una campaña de sensibilización a la población sobre la importancia del cumplimiento de la ley y el principio de autoridad, todo ello con enfoque de derechos humanos y así evitar desenlaces fatales que afectan a la ciudadanía, a los miembros de las fuerzas del orden y sus familias.