DEFENSORÍA DEL PUEBLO: OFICINA EN UCAYALI ATENDIÓ MÁS DE 2700 CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS DURANTE EL 2020

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Nota de prensa 

El Instituto Nacional Penitenciario (21.6 %), las municipalidades (15.6 %) y el Poder Judicial (14.3 %) se encuentran entre las instituciones más quejadas.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali realizó un balance anual sobre la labor desarrollada en el año 2020, en donde se atendieron un total de 2759 casos de afectación de los derechos fundamentales, entre ellas 804 quejas, 753 petitorios y 1202 consultas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la integridad de las personas.

Cabe destacar que, pese a las limitaciones por la emergencia sanitaria nacional debido a la pandemia por el COVID-19 y la disposición de inmovilización social obligatoria (cuarentena), se logró resolver el 76.2 % de las quejas y el 92.2 % de los petitorios que fueron presentados por la ciudadanía.

Entre las instituciones más quejadas se encuentran el Instituto Nacional Penitenciario (175); las municipalidades (126); el Poder Judicial (116); la Dirección Regional de Educación (55); el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (52); la Dirección Regional de Salud (40); el Ministerio Público (29) y las comisarías (23). Además, durante el 2020, se atendieron 443 quejas por trámites y procedimientos, 330 por servicios de salud, 139 casos relacionados a la temática de justicia, 135 por programas y servicios sociales o de asistencia y 88 casos vinculados al tema de pensiones, entre otros.

Durante el año 2020 uno de los temas de mayor cuidado para la institución fue el relativo a la atención de los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, migrantes, mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes, población indígena, personas con discapacidad, personas con VIH, personas LGTBIQ y aquellas privadas de su libertad.

Entre los temas atendidos en materia de salud destacaron las intervenciones ante casos de negligencia médica, demoras en la atención, retención de pacientes por falta de pago, retrasos en los trámites de referencias de pacientes a hospitales de mayor complejidad en la ciudad de Lima; así como problemas de abastecimiento en los bancos de sangre y deficiencias de equipamiento e infraestructura.

También se llevaron a cabo supervisiones a la Diresa y a los centros de salud sobre el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, atención de pacientes con COVID-19 y con dengue, disponibilidad de camas UCI, entrega de medicamentos, equipos médicos y de protección para el personal de salud, gestión de residuos sólidos, prevención y atención de embarazos no deseados, atención de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años y jornadas de vacunación.

En cuanto al tema de educación se restituyeron derechos laborales y de acceso a la educación de calidad y se llevaron a cabo supervisiones a institutos de educación superior y universidades, así como a la Dirección Regional de Educación de Ucayali y a las Unidades de Gestión Educativa Local. También se supervisaron las acciones realizadas para fortalecer la educación en la región, la implementación de la Estrategia Aprendo en Casa, la conectividad y acceso a internet, TV y radio en las zonas más alejadas y el cumplimiento de las disposiciones para la prestación excepcional del servicio educativo semipresencial en el ámbito rural, entre otros.

En el marco de la pandemia por el COVID-19, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali realizó supervisiones relacionadas a la adquisición y distribución de la canasta básica familiar, el cobro de bonos otorgados por el Gobierno central, la atención en bancos e instituciones de servicios públicos, así como por la situación de los centros de atención residencial de personas adultas mayores, de niñas, niños y adolescentes, comedores populares, cementerios y funerarias, comisarías, mercados y comercio ambulatorio.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, Hugo Pari, mencionó que otros temas de exclusiva intervención de la institución fueron los casos vinculados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en los que se garantizó la atención a los familiares de las víctimas de cuatro feminicidios y se coordinó la actuación inmediata del centro emergencia mujer, la Policía Nacional y el Poder Judicial.

Asimismo, se intervino para la resolución de conflictos sociales, mediante la conformación de mesas de diálogo en los distritos de Masisea y Tahuanía, se logró que el Juzgado Mixto de Yarinacocha dicte medidas de protección temporal a favor de un ciudadano adulto mayor en estado de abandono y su internamiento en un albergue residencial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y se institucionalizó una mesa técnica interinstitucional para abordar y garantizar la defensa de los derechos de las poblaciones originarias.

Para el presente año 2021, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali ratificó su compromiso de continuar defendiendo y protegiendo los derechos de la población, principalmente de los que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad, y recordó que la atención a la ciudadanía se realiza en forma presencial en la oficina ubicada en Jr. Libertad 354, Callería, y de manera remota a través de las líneas telefónicas 995873582 y 961659821, o mediante el correo electrónico oducayali@defensoria.gob.pe