Fotografía: Elperuano
Fuente: Defensoría del Pueblo
- Sectores como gobiernos locales, salud y educación coparon más del 51 % de quejas, debido a emergencia sanitaria por el COVID-19.
Cusco, 9 de enero de 2021.- La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco dio a conocer el balance de la labor desarrollada a lo largo del año 2020, informando que se atendió un total de 2984 casos, de los cuales 1215 correspondieron a quejas sobre vulneración de derechos por parte de distintas entidades públicas especialmente vinculadas a sectores como gobiernos locales, salud y educación.
Según informó la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, Rosa Santa Cruz, las municipalidades e instituciones que dependen de los sectores salud y educación abarcaron más de la mitad de las quejas, con el 51 % de los casos reportados debido principalmente a los reclamos derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Otras instituciones que se ubicaron entre las cinco más quejadas fueron el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional, con más de 220 quejas que correspondieron a cerca del 18 % de los casos.
En lo que corresponde al sector salud, las entidades más quejadas fueron la Dirección Regional de Salud y el Hospital Regional de Cusco. Asimismo, los centros y postas de salud, junto al Hospital Antonio Lorena y la Red de Salud de las provincias de Canas, Canchis y Espinar, con 133 quejas (70 %) del total reportado en este sector.
En el sector educativo, las instituciones que ocupan los primeros lugares entre las más quejadas el último año fueron las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cusco y La Convención, además de las instituciones educativas públicas, con un total de 134 quejas que representaron el 78 % del acumulado durante el 2020. Además, se presentaron 47 quejas contra EsSalud, 43 contra empresas prestadoras de servicios públicos en electricidad y saneamiento; y 42 reclamos contra el Ministerio Público.
Al hacer un balance de la labor desarrollada en Cusco, la representante de la Defensoría del Pueblo en esta región, Rosa Santa Cruz, destacó algunos casos que merecieron intervenciones oportunas como la supervisión a nueve cementerios de la región y el pedido para que se reactiven las instancias provinciales para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
Asimismo, detalló que se supervisó la habilitación de servicios virtuales y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en entidades públicas y en centros de atención residencial para niñas, niños y adolescentes, así como para personas adultas mayores, a fin de evitar un posible rebrote de la pandemia por el COVID-19.
De otro lado, informó que se llevó a cabo una supervisión sobre el funcionamiento de los programas de alimentación, como el Vaso de Leche y los comedores populares, a cargo de las municipalidades de la región. Las entidades adoptaron las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo, que estuvieron dirigidas a dar celeridad a los procesos de adquisición de productos y a garantizar las medidas de bioseguridad.
Para este nuevo año, Santa Cruz reafirmó el compromiso de la Defensoría del Pueblo de continuar trabajando a favor de los derechos de toda la población cusqueña. Para ello, indicó que se continuará atendiendo en la sede la calle San Miguel 273 y a través de canales no presenciales como las líneas 995622772 y 984927097 o el correo electrónico odcusco@defensoria.gob.pe
