Nota de prensa  Defensoría del Pueblo

En relación a la educación básica, se debe impulsar el retorno a las clases presenciales y semipresenciales.

La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio de Educación (Minedu) a respetar, mejorar y potenciar las políticas educativas iniciadas en los últimos años, en particular el mantenimiento del principio de mérito y capacidad como eje del desarrollo profesional docente, y la consolidación de la reforma universitaria; así como adoptar disposiciones y acciones que propicien la reapertura de las instituciones educativas de educación básica.

Al respecto, la institución señaló que un tema prioritario es que se consolide la política de desarrollo docente para asegurar que los mejores profesionales en educación accedan y permanezcan en el magisterio público, asegurando la disponibilidad de personal idóneo y capacitado para liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar el servicio educativo para las y los estudiantes de la educación básica y superior.

Cabe señalar que, desde la implementación de la Ley de Reforma Magisterial, 33 743 docentes ingresaron a la carrera magisterial, 80 416 ascendieron de escala y 19 512 accedieron a cargos de dirección mediante concursos públicos de mérito.

De la misma manera, para la Defensoría del Pueblo, el país necesita profesionales que coadyuven al desarrollo y progreso de la sociedad, en ese sentido, es importante que el Gobierno consolide la reforma universitaria, continúe con las siguientes etapas del proceso de licenciamiento de universidades, así como garantice que las y los estudiantes de universidades en proceso de cese de actividades no vean afectado su derecho a continuar con su educación superior. A la fecha, 94 universidades públicas y privadas obtuvieron el licenciamiento institucional frente a 51 que no lograron dicha acreditación, debiendo cesar sus actividades.

Asimismo, otro tema a ser priorizado en relación a la educación básica es el retorno al servicio educativo presencial y semipresencial en las instituciones educativas, con la finalidad de afrontar el impacto en la educación de miles de estudiantes producto del cierre de escuelas. En efecto, mediante supervisiones a las unidades de gestión educativa local (UGEL), la Defensoría del Pueblo advirtió que, en el año 2020, más de 370 000 estudiantes de escuelas públicas no accedieron a la educación a distancia y 114 450 salieron del sistema educativo; y en el año 2021 se advirtió que del conjunto de estudiantes que dejaron de estudiar, solamente 33 705 reingresaron al sistema educativo.

La Defensoría del Pueblo hará seguimiento a la implementación de estas recomendaciones y mantendrá una posición firme pues de ninguna manera se debe retroceder en lo avanzado en materia de derecho a la educación.