- Implementación total del SNEJ y del RUVA, entre otras, se encuentran dentro de este grupo de medidas.
Lima, 07 de marzo del 2024.- Al estar próximos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que existen un conjunto de 243 recomendaciones que han sido dirigidas entre los años 2017 y 2021 a distintas instituciones, con el fin de reducir la violencia de género y las brechas existentes en aspectos como igualdad y acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, más de la mitad de estas recomendaciones muestra un cumplimiento parcial o en proceso y más del 16 % aún no han sido cumplidas, lo que repercute gravemente en los derechos de las mujeres en nuestro país.
En lo que concierne al eje de violencia, uno de las recomendaciones que muestra un avance casi escaso es la implementación de servicios especializados como el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que se encuentra actualmente en funcionamiento solo en 8 de los 34 distritos judiciales del país, así como del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), que solo se ha implementado en las zonas que cuentan con el SNEJ.
Entre otras recomendaciones, también se encuentra en proceso de implementación el Centro de Altos Estudios sobre Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, acorde con lo dispuesto por la Ley 30364, así como la modificación de la estructura funcional de la Policía Nacional del Perú para elevar el nivel de la División de Protección contra la Violencia Familiar a una dirección dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, lo que permitiría una mayor especialización y la asignación de un mayor presupuesto.
De otro lado, resulta preocupante que los gobiernos regionales o locales supervisados se hayan centrado en la emisión de ordenanzas, más que en impulsar la implementación de medidas adicionales o de servicios como la integración de las disposiciones contra el acoso sexual en sus planes operativos o de sanción; o contar con servicios municipales de cuidados, como guarderías o centros para la atención de personas adultas mayores.
En el eje de igualdad y discriminación se encuentra pendiente la adopción de un sistema nacional de cuidados y la mejora del marco normativo que garantice la paridad en la participación política de las mujeres. Para la Defensoría del Pueblo, este aspecto es relevante si se tiene en cuenta que actualmente solo el 5.8 % de las alcaldías distritales son ocupadas por mujeres. La discriminación también se ve en ámbito salarial, donde una mujer, en promedio, gana 27.8 % menos al mes que un hombre. Finalmente, es necesario que el Estado garantice servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, eficientes y libres de toda forma de violencia contra las mujeres.
Para la Defensoría del Pueblo, esta situación resulta preocupante si se tiene en cuenta, además, aspectos como el mayor analfabetismo en mujeres (7.5 %) en comparación con los hombres (2.7 %). Además, si se consideran las altas cifras de violencia que registra nuestro país, con un total de 5184 notas de alerta de mujeres desaparecidas emitidas durante el 2023, según el reporte “Qué pasó con ellas” correspondiente al último año.
Ello fue revelado por la adjunta de los derechos de la Mujer, Diana Portal, durante su participación en el conversatorio «Somos + prevención», que organizó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Allí, la representante de la Defensoría del Pueblo hizo hincapié en la necesidad de implementar una agenda de trabajo para la promoción de derechos en igualdad y la prevención de la violencia hacia las mujeres, que además de los sectores competentes, involucre a los gobiernos regionales y locales.
Fuente: Defensoría del Pueblo
