RCR, 18 de Febrero 2022 .- Eliana Revollar, adjunta a la Defensoría del Pueblo para los Derechos de la Mujer, invocó al Congreso a tomar medidas contra los congresistas que encubrieron violaciones sexuales a dos mujeres en locales del partido Perú Libre durante la campaña electoral. Precisó que la Comisión de Ética tiene que pronunciarse urgentemente, porque no se pueden normalizar los actos de violencia sexual contra las mujeres.
“En Arequipa 10 están denunciados penalmente por encubrimiento y dos de estas personas han llegado a ser congresistas. La Comisión de Ética tiene que pronunciarse, porque el congresista vuelve a decirle que no denuncie y al agresor le han dado un espacio importante con el ánimo que ella pueda desistir. El Congreso tiene que pronunciarse, porque no se puede normalizar la violencia sexual contra las mujeres”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Enfatizó que lo más grave es que hay candidatos nacionales y regionales que han querido comprar el silencio de las víctimas, han ofrecido dinero y hasta amenazado. “En Arequipa la han sacado de todos los grupos de wasap y luego la han denostado públicamente atribuyéndole relaciones con el agresor. Son prácticas que tienen que ser desterradas y los partidos deben proteger a las mujeres y deben expulsar a los militantes que tienen relación con esto y con los encubridores”, precisó.
Manifestó que hay una gran preocupación en la Defensoría del Pueblo por la ocurrencia de estos hechos condenables en espacios de participación política de las mujeres. “Son dos casos que han ocurrido en mayo del año pasado, durante la campaña política, en la que dos mujeres, una en Arequipa, y la otra en Lima, denuncian a personas que han cometido gravísimos hechos, como es el ultraje sexual en circunstancias distintas, pero en ambos casos en locales del partido”, indicó.
“Hay una ruta de atención con la ley que sanciona la violencia contra las mujeres y el marco penal, porque es un delito gravísimo que desde el 2018 ha tenido un incremento de penas, porque hay circunstancias que lo ameritan, como es el caso de poner a las personas en la incapacidad de resistir al estar bajo los efectos de drogas, alcohol o estupefacientes. En estos casos, ambas dicen que ha ocurrido bajo los efectos del alcohol y que han estado en la imposibilidad de resistir al ataque”, afirmó.
Señaló que la vía penal lamentablemente está caminando con mucha parsimonia y no con la debida celeridad que un caso de esta naturaleza requiere. “La víctima en Arequipa, luego de denunciar estos hechos en octubre se ha visto obligada a convocar a una conferencia de prensa el 22 de diciembre, porque tenía el temor de que su denuncia sea archivada”, observó.
“En el plano penal tenemos que la Justicia tiene que alcanzar a los agresores y tiene que ponerse del lado de la víctima en su protección mientras dure la investigación. El hecho de haber demorado la denuncia y seguir un acoso sistemático desde las dirigencias regionales ha sido una constante en ambos casos. En Arequipa, donde la violación ocurrió en una reunión social, todos se pusieron a un costado y le dieron la espalda a la víctima. Le hicieron la edad de hielo, para decir que todo tenía que resolverse al interior del partido, es decir un encubrimiento de delito que es lo más grave”, aseveró.
Explicó que la Ley 31155 también sanciona el acoso político. “Esta norma establece que en los partidos debe haber normas internas para sancionar la violencia y el acoso. La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todos los partidos políticos, para que el espacio de participación política de las mujeres sea seguro. No pueden estar en espacios donde puedan ser vulneradas como ha pasado con estas jóvenes”, subrayó.
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