Nota de prensa 

Estudiantes afectados pertenecen a más de 27 837 instituciones educativas públicas.

La Defensoría del Pueblo expresó que las empresas que contratan con el Estado deben actuar con la debida diligencia y buena fe para evitar el perjuicio a los derechos de las personas. Este llamado fue realizado tras expresar su rechazo ante el presunto incumplimiento de la empresa Topsale S.A.C respecto de sus compromisos asumidos con el Ministerio de Educación para la provisión de dispositivos informáticos y servicio de internet para estudiantes y docentes de un conjunto de escuelas públicas focalizadas especialmente de las zonas rurales donde los estudiantes y sus familias cuentan con escasos recursos.

La entidad resaltó que con la cancelación de la firma del contrato con la empresa proveedora de las tabletas se afecta a cientos de miles de estudiantes de 27 837 instituciones educativas públicas que fueron focalizadas, perjudicando su derecho al acceso al servicio educativo a distancia mediante la estrategia “Aprendo en casa”.

Según el INEI, en el ámbito rural, 6 de cada 100 hogares tiene acceso a internet y 7 de cada 100 tiene una computadora; por ello es crucial que mediante una actuación responsable de los sectores público y privado se adopten medidas eficientes para cerrar la brecha digital y garantizar la educación a distancia, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Sin embargo, la carencia de equipos informáticos no es la única limitación que debe ser atendida por el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos regionales. En efecto, la Defensoría del Pueblo, ha constatado la falta de infraestructura para el uso de tecnologías de la información. Así, por ejemplo, en el caso de Ayacucho se detectó el déficit de 1872 antenas de celular para alcanzar la cobertura necesaria para la educación a distancia.

En esa misma línea, según información del MINEDU, las familias de zonas rurales reportaron que apenas el 8,7% de ellas accede al servicio “Aprendo en Casa” a través de la página web, que presupone el uso de Internet.

Al respecto, según datos obtenidos de las autoridades locales por la oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco, 7082 estudiantes no acceden a “Aprendo en casa”, o que en lugares como las provincias de Ambo y Pachitea en Huánuco, no tienen acceso a la educación a distancia el 36% y 25% de estudiantes, respectivamente, o en la región La Libertad, serían 39 695 estudiantes, los que están perdiendo clases.

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo demanda al Ministerio de Educación que establezca una estrategia de contratación efectiva que garantice la disponibilidad y acceso del servicio educativo de modalidad a distancia para toda la población escolar en sus respectivos ámbitos territoriales, con énfasis en las zonas rurales.

Asimismo, solicitamos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE que investigue y, de ser el caso, sancione a la empresa por las infracciones cometidas, teniendo en cuenta también el perjuicio causado a los estudiantes que continuarán sin acceder a la educación a distancia. Este tipo de casos nos permite comprender la importancia que nuestro país cuente lo antes posible con un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige a los gobiernos regionales que brinden servicios educativos con calidad y equidad; ello implica que las Unidades de Gestión Educativa Local garanticen la continuidad del servicio educativo y del desarrollo del proceso pedagógico a cargo de las instituciones educativas de educación básica.