Nota de prensa
2700 internos están siendo asistidos solo por una enfermera, en turnos rotativos.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho solicitó al Gobierno Regional plantear acciones multisectoriales junto a autoridades penitenciarias, locales y sanitarias, para evitar que los contagios de COVID-19 al interior del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho se incrementen, tras conocer, recientemente, que de los 119 internos sometidos a pruebas de descarte, 34 dieron positivo y, que a la fecha, se han registrado 4 fallecidos.
En ese sentido, la institución advirtió que desde el 15 de junio, el tópico del penal no cuenta con un médico y que, además, parte del personal asistencial se encuentra en aislamiento obligatorio por presentar síntomas de COVID-19, motivo por el cual los más de 2700 internos están siendo asistidos solo por una enfermera, en turnos rotativos.
David Pacheco-Villar, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, señaló que si bien la Comunidad Local de Administración de Servicios de Salud-CLAS Santa Elena y la Red de Salud de Huamanga, realizaron atención en salud en el penal de Ayacucho, este cerco epidemiológico y farmacológico, no era suficiente y se requería, además, reforzar las medidas ante el incremento de casos y de fallecidos, especialmente con dotación de medicamentos.
“Con respecto a los 4 internos fallecidos por COVID-19, se nos informó que su salud se complicó debido a las comorbilidades que presentaron, como diabetes y sobrepeso, situación que también se presenta en parte de la población penitenciaria”, alertó Pacheco-Villar.
Tras la alerta de la Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Salud visitó el Penal de Ayacucho el pasado 19 de junio, realizando una muestra aleatoria de 10 internos por pabellón, con 42 resultados positivos. Por ello, la autoridad de salud decidió realizar el cerco farmacológico al 100% de internos del penal, administrando tratamiento a 122 internos.
Cabe recordar que la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho ha trasladado a la autoridad de salud, de manera inmediata, cada pedido recibido de la población penitenciaria para la evaluación médica de las y los internos.
