Nota de Prensa

El Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo recordó que, si bien es cierto, el D.S. N° 044-2020-PCM declara el estado de emergencia, dispone el aislamiento social obligatorio y contempla el nivel de intervención de las fuerzas del orden para garantizar la implementación de las medidas dictadas, éstas deben aplicarse, en todo momento, respetando los derechos humanos.

Desde que se estableció el estado de emergencia, las oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, han recibido quejas y han realizado intervenciones de oficio por el uso excesivo de la fuerza y vulneración de los derechos fundamentales de las personas, refirió Porfirio Barrenechea, Director del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo recordó que el uso de la fuerza, que contravenga la normativa, genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil, de acuerdo a lo señalado en los Decretos Legislativos 1186 y 1095.

“Las fuerzas del orden desempeñan un rol fundamental en la protección del derecho a la vida, integridad, libertad y la seguridad de las personas. Sin embargo, pueden hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y bajo criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”, anotó Barrenechea.

En diversos momentos, la Defensoría del Pueblo ha reiterado que se debe respetar la integridad moral, psíquica y física de los/as personas privadas de libertad, tener un especial cuidado con las niñas, niños y adolescentes, mujeres, población LGBTI, personas adultas mayores, personas con discapacidad, por encontrarse en una situación especial de vulnerabilidad y riesgo. También ha subrayado que toda persona que se encuentre en el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o calidad migratoria, tiene el deber de acatar las normas emitidas por el Estado para evitar la propagación del COVID-19.