Nota de prensa
Con el fin de reducir la tasa de contagios por COVID-19 en Ica, que a la fecha supera los 26 mil casos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región demandó a la Municipalidad Provincial regular las sanciones por incumplimiento en la reducción del aforo de pasajeros y el uso de mascarillas considerándolas como faltas graves o muy graves, tanto para los operadores de transporte regular como los de unidades menores (mototaxis).
En este sentido, la institución considera que incorporar estas sanciones a las dos ordenanzas, aprobadas el 26 de junio, por la Municipalidad Provincial de Ica para regular el transporte urbano, permitirá al gobierno local contar con herramientas precisas para imponer sanciones a las empresas de transporte público ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad, lo cual contribuirá en la protección de los derechos del público que hace uso de este servicio.
Por otro lado, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica observó que existe una reducida cantidad de inspectores de tránsito, cuyo número no supera los 13 efectivos. Ante ello, la entidad exigió a las autoridades municipales destinar recursos para la contratación de más fiscalizadores del servicio de transporte urbano a fin de supervisar adecuadamente el cumplimiento de las medidas sanitarias.
“Es necesario que se destinen recursos propios de la entidad edil para la contratación de más personal fiscalizador del transporte pues el número actual de efectivos no se estaría dando abasto para controlar la cantidad de vehículos que se ha dispuesto habilitar”, sostuvo Jorge Hernández, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica.
Finalmente, la institución reiteró que debe asegurarse el manejo adecuado del servicio de transporte como una estrategia para contribuir al control de la expansión del virus en la región. “La implementación de medidas en sectores claves como el de transporte público es vital para disminuir los contagios por el COVID-19”, añadió.
