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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE SERVICIO PERMANENTE DE AGUA POTABLE EN CHACLACAYO

Nota de prensa 

Restricciones constantes afectan el abastecimiento normal del servicio en seis sectores, afectando el derecho a la salud durante la emergencia sanitaria.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Este demandó a la Municipalidad de Chaclacayo garantizar el abastecimiento permanente de agua potable en los diversos sectores del distrito, cuya población, desde hace más de 15 días, viene sufriendo restricciones en el acceso al servicio.

Cabe señalar que, en el distrito de Chaclacayo, el servicio de agua potable es administrado y prestado por la propia municipalidad. Las seis zonas más afectadas por la falta de este recurso son San Bartolomé, Los Laureles, Santa Inés Bajo, Las Dalias, El Paraíso y 3 de Octubre.

Mediante un documento suscrito por el representante de la Defensoría del Pueblo en Lima Este, Manlio Álvarez, se recordó a la comuna la obligación de los gobiernos locales de velar por la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. En ese sentido, se precisó que la falta del recurso no solo afecta el disfrute del derecho al agua de la población de Chaclacayo, sino que también aumenta la posibilidad de aparición de focos de contagio por el COVID-19 en el distrito.

Asimismo, en aquellas zonas donde no existen redes de agua ni de alcantarillado, las condiciones sanitarias para la población son más precarias y se agravan ante la falta de abastecimiento mediante cisternas municipales. Por ello, la oficina defensorial requirió a la comuna ampliar la infraestructura de redes de agua y alcantarillado, así como impulsar una mesa de trabajo con representantes de la municipalidad y otros sectores para alcanzar este propósito.

“Hemos pedido que se informe respecto a la situación actual de las redes de agua y alcantarillado en Chaclacayo, así como el cronograma de distribución en las zonas que no cuentan con estos servicios”, indicó el representante de la institución. Finalmente, destacó el deber constitucional de colaboración que tienen las entidades públicas con la Defensoría del Pueblo e invocó a la población a presentar sus reclamos por la prestación de servicios públicos.