Nota de prensa
De los once cementerios supervisados, solo uno tiene autorización administrativa de funcionamiento.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes advirtió que de 11 cementerios supervisados en la región, solo un camposanto privado cuenta con las autorizaciones administrativas correspondientes para su funcionamiento, además es el único que ha implementado acciones relacionadas al protocolo para inhumación de los fallecidos por COVID-19.
Asimismo, durante la supervisión, realizada entre el 28 de septiembre y el 16 de octubre, se constató que solo el cementerio COVID-19 de Tumbes “El ángel de La Cruz San Pedro Apóstol de Corrales” y un cementerio privado han sido capacitados sobre medidas de seguridad y el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP), especialmente para aquellos trabajadores que realizan las inhumaciones.
También se identificó que solo cuatro cuentan con el reglamento interno que rige su funcionamiento, pero no tienen habilitada un área para inhumación ni fosa común de cadáveres de indigentes o restos humanos no reclamados ni para fallecidos por coronavirus. Estos camposantos son el Cementerio COVID-19 de Tumbes, Cementerio COVID-19 de Canoas de Punta Sal; Cementerio “El Ángel” de Zorritos y el Cementerio General “San Jacinto”.
Además, la institución identificó que solo cinco tienen registro de fallecidos por el coronavirus. Cabe indicar que solo el Cementerio COVID-19 de Tumbes, Canoas de Punta Sal y el Cementerio General “San Jacinto brindan el servicio de manera gratuita o han donado terrenos para sepultura de fallecidos a causa del coronavirus.
Durante el recorrido también se inspeccionaron tres funerarias, de ellas solo una cuenta con licencia de funcionamiento emitida por la municipalidad respectiva. Asimismo, solo una brinda el servicio para fallecidos por COVID-19. Los entrevistados manifestaron su incomodidad al advertir que solo la funeraria San Pedro estaría captando a todos los fallecidos en hospitales, sin embargo, dijeron que desconocen si tiene algún convenio.
Ante este panorama, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, demandó a los alcaldes provinciales y distritales adoptar las medidas correctivas para la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes para el funcionamiento de los cementerios municipales a su cargo.
Asimismo, exigió cumplir con la implementación de un protocolo para inhumación de los fallecidos/as por COVID-19, e iniciar con las capacitaciones en medidas de seguridad y equipos de protección personal para los trabajadores encargados de las inhumaciones, de conformidad con lo establecido en la Directiva Sanitaria N°087-2020-DIGESA/MINSA.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes demandó además a las municipalidades de Zarumilla, San Jacinto, La Cruz, Zorritos, Casitas y Canoas de Punta Sal cumplir con implementar el registro de fallecidos/as por COVID-19.
