DECRETO QUE CIERRA COLEGIOS INFORMALES ESCONDE FALLAS EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

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Estado debería fiscalizar calidad educativa primero a los colegios públicos y luego a los privados.

RCR, 28 de enero de 2020.- El decreto de urgencia 002, que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos, esconde una serie de fallas en la gestión de la Educación pública y es una medida para generar un impacto político sostuvo el especialista Sergio Claux, director de Aurea Consulting.

“Un colegio ilegal  se puede cerrar por mecanismos de supervisión de la Ugel o por mecanismos de supervisión del Ministerio de Educación o por mecanismo de supervisión de Defensa Civil. Un ‘colegio de garaje’ se puede cerrar a través de diversas vías. El decreto urgencia esconde unas falencias en la gestión pública de la Educación”, dijo el especialista en el programa Hablemos de Educación de RCR.

En ese sentido, subrayó que “el decreto urgencia 002 es una medida para generar un impacto político y de cierta confiabilidad agarrando la ola de la Sunedu”. “En el sector privado hay un montón de carencias en muchos aspectos en la oferta educativa pero no necesariamente son peores o más catastróficas que las carencias que existen en el sector público”, indicó.

“A veces es un factor que me puede parecer también un poco distractor de lo que significa las verdaderas urgencias de una reforma del sector educativo público que tiene otro tipo de problemas y el Estado debería siempre buscar la coherencia”, dijo.

Claux enfatizó que el Estado debería demostrar su capacidad de fiscalizar la calidad educativa primero en los colegios públicos y luego en los privados. “El Estado tiene un rol  fiscalizador del sector privado, pero debería demostrar estas cosas y algunas condiciones básicas primero puertas adentro. Es mucho más fácil mirar la viga en el ojo ajeno que en el propio”, manifestó.

“Muchas de las cosas que promueve el decreto de urgencia ya están dadas en otro tipo de normativas. Si funcionase bien el sistema educativo (que está impuesto por norma), si la Ugel hiciese todo lo que tiene que hacer, si hubiésemos trabajado con las normativas anteriores de fiscalización, si existiese una evaluación correcta de las licencias de funcionamiento, si existiera un correcto funcionamiento de una buena gestión del aparato público de Educación y de fiscalización (que ya existe por ley) no habría necesidad de un decreto urgencia”, recalcó.

En ese sentido, advirtió que “hay tener mucho cuidado porque es imposible que la oferta de la Educación Pública cubra la demanda educativa”. “Los dos tienen que funcionar pero vamos a tener un problema. Imagínate que cierran todos los colegios que dicen que van a cerrar. Ahora los colegios públicos no tienen la capacidad de gestión y no pueden atender bien. En el sector público lamentablemente están más pendientes del número y no de la calidad, es decir cuántos profesores tengo, cuanta plaza cubierta tengo, cuántos alumnos, pero no sabemos si hay capacidad gestión y si la gente sabe enseñar”, indicó.

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