RCR, 02 de enero de 2026.- El expresidente de PeruPetro, Aurelio Ochoa Alencastre, afirmó que el artículo 4 del decreto de urgencia que declara en reorganización a Petroperú hace mención explícita al decreto legislativo 674 del año 1991, el cual estableció el marco legal para la privatización de empresas públicas.
Sostuvo que este dispositivo habilita diversas modalidades de privatización, incluyendo la venta directa, parcial o total de activos estatales. Aseguró que, a pesar de las negativas de los ministros, la norma marcó el inicio de un proceso de privatización en el papel al estar ya vigente en el diario oficial.
Además, indicó que la ley 30130, con cerca de 15 años de vigencia, ya facultó al Estado para vender acciones de Petroperú hasta un 49%. Indicó que los redactores del nuevo decreto omitieron esta legislación más reciente, optando por retomar el decreto legislativo 674 de 1991. Sugirió que se podría aplicar la reestructuración por módulos bajo el amparo de la ley 30130 una vez que la empresa haya sido saneada y valorizada correctamente.
Es necesaria reestructuración administrativa para reducir burocracia en Petroperú
Ochoa Alencastre manifestó que existió un consenso sobre la necesidad de realizar una reestructuración en Petroperú debido a su actual estado de ineficiencia. Detalló que la empresa se encontró excesivamente burocratizada, contando con un total de 32 gerencias, por lo que requirió una reducción de personal indispensable para su sostenibilidad. Precisó que esta reestructuración operativa no debía implicar obligatoriamente un proceso de privatización de los activos.
Proinversión asume reorganización de Petroperú pese a falta de experiencia técnica
El expresidente de PeruPetro, Aurelio Ochoa Alencastre, cuestionó que se encargará la conducción del proceso de reorganización de Petroperú a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), entidad que consideró carente de conocimientos especializados en el sector de hidrocarburos.
Ochoa explicó que el decreto otorgó a esta institución facultades plenas que desplazaron las funciones del directorio de Petroperú. Asimismo, informó que la norma fijó un plazo de 60 días para que Proinversión presente un modelo de reestructuración patrimonial.
El exfuncionario también advirtió sobre una contradicción económica en el decreto al ordenar que una empresa casi en quiebra transfiera recursos al ente encargado de su reorganización. Precisó que Petroperú debe pagar 144 millones de soles a Proinversión para que esta última proceda con el encargo recibido.
Adicionalmente, mencionó que se asignaron 240 millones de soles destinados específicamente para el proceso de liquidación del personal no indispensable de la petrolera.
El expresidente de PeruPetro informó que los bonos de la deuda por la refinería de Talara cayeron en el mercado exterior inmediatamente después de conocerse la norma. Sostuvo que las declaraciones de las autoridades económicas sobre la entrega de 17,000 millones de soles sin especificar conceptos devaluaron la imagen de la empresa. Advirtió que la próxima calificación crediticia de la estatal podría verse seriamente afectada, dificultando el acceso a futuras líneas de crédito.
