Nota de prensa 

Transcurridos tres días de paro en Espinar, y ante los primeros actos de violencia, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades y organizaciones sociales de esta provincia a retomar el diálogo para resolver pacíficamente los problemas derivados del uso de los fondos del Convenio marco suscrito con la empresa minera Antapaccay.

El 14 de julio pasado, en reunión en la que participaron representantes del gobierno nacional, el Gobernador Regional del Cusco, la Defensoría del Pueblo y la prelatura de Sicuani; los integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco de la provincia de Espinar, incluida el gerente general de la empresa minera Antapaccay, no se pusieron de acuerdo en la forma de utilizar parte de los fondos del convenio para atender las necesidades actuales de amplios sectores de la población en un contexto en el que se requiere recursos de subsistencia como alimentos, medicinas, entre otros.

Para la Defensoría del Pueblo es una necesidad imperiosa llegar a acuerdos porque la pandemia no ha sido controlada y las condiciones de vida pueden empeorar en los siguientes días. De manera particular la situación puede ser calificada de “crítica” para sectores de la población pobres y extremadamente pobres cuya atención no puede ser postergada más tiempo. Lo que en definitiva justifica de manera excepcional y con acuerdo de las partes variar el uso de fondos destinados al desarrollo, es el alivio de los espinarenses más desprotegidos y a los que la pandemia ha golpeado con más fuerza que a otros sectores sociales.

Recordemos que los pobres en nuestro país son aquellas personas que viven aproximadamente con S/ 11 soles al día y los pobres extremos con S/ 6 soles, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) sobre pobreza monetaria.

Del mismo modo y ante las primeras señales de actos de violencia, exhortamos a los dirigentes y pobladores a ejercer su derecho a protestar dentro de la ley y sin afectar los derechos fundamentales de las demás personas. Debe considerarse que, en el contexto de la pandemia, la aglomeración de personas en espacios públicos para protestar,  constituye un riesgo de contagio. Esperamos que las dirigencias y los integrantes de las organizaciones sociales procedan con responsabilidad, dado que estamos en emergencia sanitaria.

De igual manera, se recuerda a la Policía Nacional del Perú que, el restablecimiento del orden interno debe hacerse garantizado el respeto a los derechos fundamentales y un uso adecuado de la fuerza. Y como en otras manifestaciones públicas, evitar caer en las provocaciones de algunos elementos generadores de violencia.

La Defensoría del Pueblo se mantiene atenta a los acontecimientos y viene interviniendo en el marco de sus competencias.