Foto: Cortesía Diario Prensa Regional
Jaime Jiménez Sardón, jurista y catedrático de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno, expresa que enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo acarrea un problema de inseguridad jurídica y además se agrava más en Puno por falta de dirección en el Gobierno Regional.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y la falta de una dirección en el Gobierno Regional de Puno por el encarcelamiento de su gobernador Walter Aduviri hacen que la situación económica sea cada vez más precaria en la región altiplánica, sostuvo Jaime Jiménez Sardón, jurista y catedrático de la Universidad Néstor Cáceres Velásquez de Puno, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
“Esta situación causa mucha preocupación porque acarrea un problema de inseguridad jurídica y además se ve más agravada en Puno por una falta de dirección en el Gobierno Regional. Estos dos problemas de dificultades en el Gobierno nacional y en el Gobierno Regional han ocasionado que la inversión privada y la ejecución presupuestal hayan caído en sus niveles históricos más bajos. Esto ocasiona un grave perjuicio a la economía de la región Puno”, dijo.
Explicó que “en razón de que no existe una política agraria en la región y no hay una política de apoyo al agro a nivel nacional, este sector de la producción se ve afectado de manera muy grave. Además, la conmoción social que existe como consecuencia de la situación jurídica del gobernador regional trae como consecuencia la afectación al sector turismo. La crisis de estos dos sectores importantes en el desarrollo económico de la región hacen que la situación sea cada vez más precaria en la región Puno”.
El jurista recalcó que la permanente confrontación entre Ejecutivo y Legislativo no es beneficiosa para el país. “En la región de Arequipa y a nivel nacional la adquisición de vehículos nuevos ha caído en un 4%. Eso demuestra que la Economía no está avanzando como se había proyectado al inicio. Esto tiene como consecuencia una trascendencia en la economía familiar”, indicó.
“El diálogo para llegar a un consenso de carácter político debería ser una tendencia fundamental para solucionar este conflicto. Diferente hubiera sido si la Comisión de Constitución diga ‘no estoy de acuerdo con el contenido del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pero presento este proyecto alternativo’. En todo caso, debería realizarse un diálogo más abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo para no perjudicar al país”, comentó.
Archivamiento de proyecto
Sobre el archivamiento del proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo en el Congreso, Jiménez Sardón dijo que “es un tema que se veía venir a raíz de la emisión del pre-dictamen efectuado por la comisión de trabajo encabezada por la congresista Rosa Bartra. Ahora se espera la reacción del Ejecutivo”.
En ese sentido, mencionó dos posibles escenarios jurídicos ante el archivamiento del proyecto. “En primer lugar, puede pasar que el Ejecutivo acepte y no haga mayor cuestión de estado sobre el particular. Lo segundo es que, en mi interpretación y análisis del artículo 78 del reglamento del Congreso, pueda presentar un nuevo proyecto de ley solicitando el adelanto de elecciones y conjuntamente envíe un pedido de confianza que podría hacerlo el premier”, precisó.
“Aquí ya plantearía el tema de la cuestión de confianza y eso significaría que si es que no se le otorga la confianza al Consejo de Ministros se produciría una crisis total que conllevaría a que se disuelva el Congreso teniendo en consideración que se trata de una segunda cuestión de confianza denegada”, agregó.
Jiménez Sardón sostuvo que “la ley y la Constitución no habla ni prohíbe expresamente que no se pueda aplicar la cuestión de confianza sobre un proyecto de reforma constitucional. Entonces, en aplicación del principio constitucional de que lo que no está prohibido por la ley está permitido, sí es posible plantear una cuestión de confianza sobre una ley que puede proveer de una modificación constitucional”.
“El otro escenario es que el Ejecutivo acepte el archivamiento del proyecto y concluya su periodo en el año 2021. En caso de una renuncia del presidente entraría a ejercer el cargo de la presidencia la vicepresidente Mercedes Araoz”, apuntó.
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