RCR, 19 de diciembre de 2025.- José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior y especialista en seguridad, orden interno y terrorismo, indicó que ell crimen organizado atraviesa una fase de expansión acelerada y altamente violenta, frente a la cual el Estado aún no logra una respuesta integral. Agregó que la evolución delictiva avanza pese a los esfuerzos del Gobierno, debido a que el fenómeno es mucho más grande de lo que se creía y encuentra a las fuerzas de seguridad limitadas en número, capacidad operativa y recursos.
“El último atentado contra una regidora en La Libertad confirma el ingreso de una cultura criminal importada, caracterizada por su extrema violencia y ausencia de escrúpulos, en la que los perpetradores cumplen sus objetivos sin importar daños colaterales. No estamos ante una ola criminal pasajera, sino ante un fenómeno estructural que recién muestra su fase inicial”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que los objetivos del crimen organizado se están volviendo cada vez más selectivos, y en esa línea, autoridades municipales, vinculadas a decisiones sobre licencias, terrenos y gestiones administrativas, se han convertido en blancos estratégicos, debido a que pueden obstaculizar intereses económicos ilegales. “Si la tendencia continúa, los próximos objetivos podrían ser actores políticos y candidatos, tal como ya ha ocurrido en otros países de la región”, expresó.
Gil sostuvo que si bien existen resultados técnicos que muestran una ligera reducción de homicidios y casos de sicariato en determinadas zonas, respaldados por operativos policiales más intensos y organizados. Sin embargo, enfatizó que esto no significa que el fenómeno esté controlado ni cerca de culminar. “Ningún presidente por sí solo va a derrotar este problema, se trata de un proceso de más de 30 años y requiere comprensión integral”, anotó.
Señaló que la percepción ciudadana continúa marcada por el temor, debido a la persistencia de hechos violentos de alto impacto, lo que deteriora la imagen del gobierno y alimenta la desaprobación pública. En ese marco, insistió en que la responsabilidad no recae únicamente en la Policía Nacional, sino también en el sistema de justicia, la empresa privada, la sociedad civil organizada y los propios ciudadanos.
“Yde los elementos que alimenta el avance del crimen es la informalidad económica, al señalar que muchas estructuras criminales buscan insertarse justamente en espacios no regulados, por ejemplo, en cuanto al transporte público, no solo se necesitan policías en las rutas, sino también procesos de bancarización y digitalización para cerrar oportunidades al delito y restar atractivo a estas economías paralelas”, manifestó.
Asimismo, cuestionó la reciente ampliación del Registro de Formalización Minera (REINFO), al considerar que esta medida fortalece la minería ilegal, facilita el flujo de dinero ilícito y genera vínculos con grupos políticos, convirtiéndose en un factor de riesgo para el proceso electoral. “Es una grave irresponsabilidad que alimenta la informalidad y, con ella, al crimen organizado”, alertó.
Finalmente, advirtió que las próximas campañas electorales evidenciarán una fuerte diferencia entre Lima y las regiones, donde circula con mayor fuerza dinero ilegal que podría influir en la decisión de los votantes, y si no se establecen mecanismos reales de control financiero y político, el país podría terminar eligiendo autoridades funcionales a organizaciones criminales.
“Por eso exhoetamos que las autoridades asuman una mirada conjunta y responsable frente a un fenómeno que, representa el segundo gran desafío nacional después de la pandemia, porque de no establecer medidas inmediatas, podríamos terminar con autoridades vinculadas al crimen organizado”, subrayó.
