• Denuncia que la CGR busca suspender por un año a sus siete directivos por «faltamiento de palabra» y sin sustento legal, tras haber expuesto en el Congreso presunta discriminación salarial y hasta 50 remuneraciones diferentes para un mismo cargo.

RCR, 04 de diciembre de 2025.- Viviana Mondragón Palomino, secretaria general del Sindicato de Trabajadores a Plazo Indeterminado de la Contraloría General de la República, denunció que existe una resolución del órgano instructor que propone la suspensión por un año de los siete integrantes de su junta directiva. Agregó que todos han sido imputados por los mismos hechos y con el mismo tenor, lo que evidencia una predisposición sancionadora contra la dirigencia sindical.

“Esta medida representaría un atentado directo contra la libertad sindical, y se produciría luego de que se expusieran ante el Congreso de la República denuncias sobre presuntas irregularidades y discriminación salarial dentro de la institución, ya que misma categoría laboral pueden existir hasta 50 remuneraciones distintas para trabajadores que desempeñan funciones equivalentes”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Indicó que la entidad cuenta con una escala remunerativa aprobada, pero que no se estaría aplicando de manera uniforme, en ese sentido, sostuvo que no existen criterios públicos para designaciones internas, como las jefaturas de Órganos de Control Institucional (OCI), y que los perfiles de evaluación son desconocidos por los propios trabajadores.

“Actualmente, la Contraloría tiene cerca de 3.000 trabajadores a plazo indeterminado bajo el régimen laboral 728, quienes constituyen la principal fuerza operativa. Entonces, la imputación es por faltamiento de palabra, aunque no existe ningún hecho que respalde dicha acusación, no está tipificada en el reglamento interno y que, por tanto, se estarían vulnerando principios de legalidad y debido proceso”, expresó.

Mondragón informó que la dirigencia ha presentado denuncias ante comisiones del Congreso, la Defensoría del Pueblo, Servir y Sunafil, organismo que ya inició una inspección sobre el caso. Mencionó que, pese a sus documentos médicos y su condición de paciente oncológica, la entidad rechazó sus solicitudes de teletrabajo y la reubicó en una dependencia distinta a la que laboraba.

“Me encuentro con licencia sindical por la elaboración del pliego de negociación colectiva, por lo que una eventual suspensión también afectaría la representación de los trabajadores en este proceso. Lamentamos que desde la Contraloría no se haya establecido ningún canal de diálogo directo con el titular de la institución”, afirmó.

Remarcó que la junta directiva ha presentado memoriales y solicitudes de reuniones que no han sido atendidas, y que su sindicato promovió tres proyectos de ley para la mejora de la carrera pública en la institución. “Recientemente, se habría gestionado el archivo de estas iniciativas, lo que limita las posibilidades de mejoras laborales para los trabajadores”, subrayó.

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