RCR, 20 de julio de 2023.- El gerente regional de Control de la Contraloría General de la República, Alberto Arteaga, informó que se desplegó a más de 1400 auditores para verificar si los 6 mil directivos públicos de libre designación y remoción cumplan con los requisitos para ejercer la función pública. Agregó que en agosto presentarán un informe sobre los resultados de la labor de control de los funcionarios de diferentes entidades regionales y municipales a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

“Hemos realizado un operativo de control importante a nivel nacional donde se están desplegando más de 1,400 auditores, visitaremos cerca de 500 entidades y fiscalizaremos el cumplimiento o si están inmersos en algún impedimento para ejercer la función pública, cabe resaltar que aproximadamente 6 mil directivos de segundo y tercer nivel ocupan cargos en municipalidades distritales y provinciales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que el operativo de la Contraloría General está enmarcado en la ley N° 31419 con la presencia de perfiles para que un directivo pueda ocupar un cargo de confianza, en ese contexto, las comisiones de control a través de visitas simultaneas irán verificando a través de recursos humanos si estos directivos cumplen o no con el perfil para tomar acciones correctivas.

“Junto a la a Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) hemos trabajado con dos entes técnicos rectores de dos sistemas administrativos que nos ha previsto una capacitación correspondiente respecto a los instrumentos que estamos coordinando con las áreas de recursos humanos para poder obtener esta información, la Contraloría hasta el momento no ha recibido ninguna información en cuanto a resistencia para entregar estos legajos solicitados”, expresó.

Remarcó que después de realizar las visitas de control a los 6 mil funcionarios de diferentes entidades regionales y municipales, la primera semana de agosto emitirán un informe consolidado para entregarle a la Presidencia del Consejo de ministros y a la a Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) a fin de garantizar la idoneidad de los directivos públicos y el ejercicio de la función pública.