RCR, 06 de Octubre de 2025.- Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), señaló que la raíz de la violencia, las extorsiones y el sicariato se encuentra en las economías ilegales. Por lo tanto, enfatizó que el combate contra el crimen organizado requiere inteligencia, logística y presupuestos reales para la Policía Nacional.
“La violencia actual tiene raíces profundas y se ha gestado durante años sin una respuesta efectiva del Estado. Recordemos que las extorsiones comenzaron en el sector construcción y que, pese a las alertas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Federación de Construcción Civil, se hizo muy poco y esto ha permitido que el problema se agrave hasta alcanzar los niveles de violencia actuales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que la lucha contra el crimen organizado requiere inteligencia, logística y presupuestos reales para la Policía Nacional. Asimismo, criticó que los recursos se destinen a “barriles sin fondo como Petroperú”, en lugar de fortalecer al Ministerio del Interior y sus capacidades operativas.
“Es necesario equipar y entrenar a los efectivos policiales para que sean eficaces en la lucha contra el crimen organizado, pero también esto requiere de la unidad entre peruanos y por supuesto del trabajo mancomunado conjunto entre los poderes del Estado. El Congreso de la República tiene que dar las normas adecuadas para combatir eficientemente a la delincuencia”, expresó.
Zapata enfatizó que actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal, generan grandes ingresos que financian la compra de armas y el control territorial. “Mucha gente no lo asocia, pero ahí está el origen de la violencia, de la extorsión y del sicariato, por ello pedimos una respuesta frontal y coordinada entre las instituciones del Estado”, afirmó.
Advirtió que las economías ilegales no solo financian la violencia, sino que también buscan influir en la política nacional, incluso manifestó que según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la producción de oro ilegal podría alcanzar los 12.000 millones de dólares este año, duplicando la del narcotráfico.
“Estas economías quieren control político y financian campañas para influir en los gobiernos regionales, locales y en el Congreso. Hoy son una gran preocupación porque se calcula que este año podría llegar a 12 mil millones de dólares la producción de oro ilegal, incluso estaría duplicando la producción del narcotráfico en el país, eso requiere de un combate eficaz, de lo contrario, seguiremos en la deriva”, manifestó.
Destacó que el sector empresarial y diversas organizaciones vienen impulsando mecanismos de transparencia electoral para identificar a los candidatos, su procedencia y antecedentes. Además, informó que el Acuerdo Nacional está próximo a aprobar un documento de consenso que propone un control riguroso sobre el financiamiento político proveniente de economías ilegales.
“Esperemos que ese documento salga en las próximas semanas a la opinión pública, y junto a estos mecanismos que están tratando de implementar diversas iniciativas en el país, pueden ser un combate eficaz. Pero necesitamos una Fiscalía y un Ministerio del Interior más modernizado”, anotó.
Permanente rescate financiero a Petroperú es como “un barril sin fondo”
Por otro lado, cuestionó el permanente rescate financiero a Petroperú, al que calificó como “un barril sin fondo”. Aseguró que el deterioro de la empresa se originó durante el gobierno de Ollanta Humala, con la refinería de Talara, y que los continuos salvatajes afectan la caja fiscal y la confianza de los inversionistas.
“La situación financiera de Petroperú está bastante deteriorada, seguir inyectándole dinero es en vano porque es algo que no se va a recuperar. Y hay que reconocer que esto es un problema que se generó en el gobierno de Humala, que se entercó en hacer la refinería de Talara y no ha rendido los frutos que se esperaban, y ahora hemos vuelto a la misma dinámica de presidentes que no dan alternativas de solución al problema”, lamentó.
Sostuvo que el efecto de Petro Perú sobre las expectativas de los inversionistas no es tan grave como cuando se cortan contratos que han sido legítimamente obtenidos. Por lo que, reafirmó que este derroche de dinero afecta la caja fiscal del país, y eso sí preocupa a la inversión privada.
“Cuando la estabilidad jurídica es el sector privado, cuando las reglas de juego cambian, cuando arbitrariamente se aplican medidas que van en contra de una estabilidad jurídica, eso frena más las inversiones. Pero el derroche que hay en Petroperú preocupa porque afecta a la caja fiscal, afecta a la economía y los números macro del país, eso también preocupa a los inversionistas”, anotó.
Minería ilegal invade concesiones privadas en regiones como Cajamarca
El presidente de la CONFIEP denunció la expansión de la minería ilegal en regiones como Cajamarca, donde incluso se invaden concesiones privadas. Advirtió que la falta de estabilidad jurídica y la demora excesiva en los trámites desalientan la inversión formal. “Mientras los legales esperan 40 o 50 años para iniciar operaciones, los ilegales llegan con maquinaria y empiezan a explotar sin control ambiental ni pago de impuestos”, lamentó.
Finalmente, planteó que el país necesita reactivar la infraestructura y fortalecer las regiones mediante alianzas público-privadas y obras por impuestos. Señaló que existen más de 43 mil millones de soles en obras paralizadas y que la falta de carreteras, agua y saneamiento frena el desarrollo.
“Con una política de infraestructura efectiva podríamos generar empleo, impulsar la agroexportación y hacer que el país vuelva a crecer al 6% anual. Por ello, pedimos modernizar el sistema de salud y despolitizar su gestión, señalando que “con cinco presidentes en seis meses, ninguna institución puede funcionar bien”, subrayó.
Ver entrevista completa:
