RCR, 28 de Noviembre 2025.- El director del Centro de Gobierno «José Luis Bustamante Rivero» de la Universidad San Pablo de Arequipa, Carlos Timaná, señaló que la reciente condena a 14 años de prisión impuesta al expresidente Martín Vizcarra, marca un precedente importante para el país en la lucha contra la corrupción. Asimismo, destacó que, a diferencia de regímenes como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela, en el Perú sí existe la posibilidad de que los expresidentes rindan cuentas ante la justicia.
“Esta sentencia demuestra que el poder político no está exento de control y que los gobernantes, tanto durante como después de su mandato, deben responder ante el Estado por sus actos, y esto ha sido posible por un trabajo sólido del Ministerio Público, que logró presentar pruebas contundentes sobre los actos ilícitos cometidos cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que este caso refleja una profunda crisis ética en la clase política peruana, ya que muchos funcionarios asumen que el acceso al poder les brinda impunidad, lo que genera conductas orientadas al beneficio personal antes que al interés público. En ese sentido, sostuvo que la ciudadanía debe reflexionar sobre la necesidad de exigir un perfil distinto en sus autoridades.
“La recurrencia de casos de corrupción muestra que el problema trasciende a individuos y se enraíza en una cultura política permisiva con los abusos. Y respecto al caso del expresidente Pedro Castillo, la tentativa de golpe de Estado anunciada en vivo por el exmandatario sí configura un delito, pese a que la medida no llegó a concretarse, en su condición de jefe de Estado, era garante del orden constitucional y, sin embargo, promovió su ruptura al intentar cerrar el Congreso”, afirmó.
Timaná sostuvo que el Ministerio Público modificó la tipificación del delito para adecuarlo al marco jurídico correspondiente, señalando que la tentativa de rebelión está plenamente contemplada en la legislación peruana. Esto sustenta la posible condena de once años de prisión que enfrentaría el exmandatario.
“Aunque las instituciones lograron frenar el golpe anunciado por Castillo, la existencia de acciones que evidencian la intención y disposición de ejecutarlo constituye un elemento determinante en el proceso judicial”, anotó.
Remarcó que tanto los casos de Vizcarra como de Castillo representan una mezcla de sensaciones para la ciudadanía, por un lado, la satisfacción de ver que la justicia alcanza a las más altas autoridades, y por otro, la preocupación por la persistente crisis ética que atraviesa la política peruana.
