Fuente : Congreso de la República

La Comisión Permanente fue convocada para este viernes 5 de marzo desde las 09:00 horas para llevar a cabo la audiencia del informe final de la Denuncia Constitucional 371, por la cual se recomienda acusar por antejuicio político al congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP), en su condición de ex contralor general de la República.

Así lo anunció la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín, luego de escuchar al referido legislador defender su posición de no haber sido notificado en ninguna de las direcciones que él convino con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para presentarse en la sesión de la fecha de la Comisión Permanente.

Es por ello que en defensa del debido proceso, Vásquez Chuquilín le planteó al denunciado que en ese momento se considere notificado, a pesar de que la Mesa Directiva asegure que sí se le notificó oficialmente.

“En función de cautelar el debido proceso y siendo una Mesa Directiva que va a garantizar el derecho a la defensa de todos los investigados por este Parlamento, vamos a considerarlo señor Alarcón notificado en este acto (…) Y se convoca para la realización de la audiencia para el viernes a las 9:00 h”, indicó la titular del Parlamento.

A Edgar Alarcón Tejada se le acusa por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

El informe final sustentado por la congresista Felicita Tocto Guerrero (DD), ponente de la Denuncia Constitucional N.° 371, encuentra serios indicios de un desbalance patrimonial del denunciado.

Una primera pericia concluyó que Alarcón Tejada presenta un desbalance patrimonial por 2 871 186 soles en el periodo del 1 de enero de 2007 al 8 de junio de 2016; una segunda pericia arroja un desbalance de 201 337 soles del 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017 cuando ejerció funciones públicas de contralor general de la República.

Y lo más resaltante, en palabras de la Tocto Guerrero, es el tercer informe pericial, que habría determinado que en el mismo periodo existieron diversos ingresos bancarizados por la suma de 275 644 soles, cuyos orígenes y depositarios se desconocen.

Todo ello, “haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años mencionados, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo, atribuyéndose ello al prevalimiento o abuso del cargo de contralor general de la República”.