· Con 13 votos a favor, el órgano legislativo selló la extensión del polémico registro minero, desatando críticas por el posible blindaje a economías ilegales en zonas críticas del país.
RCR, 17 de Diciembre 2025 .- En una jornada decisiva para el sector minero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy en segunda votación el dictamen que prolonga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.
La decisión se consolidó con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, ratificando la voluntad del Pleno que ya había adelantado esta postura el pasado 4 de diciembre. Debido al receso parlamentario por el cierre de la legislatura 2024-2025, la Comisión Permanente fue la encargada de otorgar la validez final a esta normativa.
El Reinfo nació como una herramienta para formalizar a los mineros artesanales, pero con el tiempo se ha convertido en el centro de una fuerte disputa. El principal beneficio para quienes figuran en este padrón es la exención de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal, lo que permite a los inscritos seguir operando mientras «regularizan» su situación.
Sin embargo, diversas instituciones y diversos expertos advierten que este registro es aprovechado por mafias para dar apariencia de legalidad al oro extraído en zonas prohibidas.
El debate político
A favor: Los sectores que respaldaron la prórroga argumentan que el Estado ha fallado en implementar un sistema de formalización eficiente. Sostienen que, sin el Reinfo, miles de familias quedarían en la precariedad y serían empujadas a la clandestinidad total.
En contra: Quienes votaron en contra señalan que el Reinfo se ha desnaturalizado. Alertan que gran parte de los inscritos están en condición de «suspendidos» por no cumplir requisitos mínimos, pero usan su inscripción para evitar detenciones y decomisos de mineral.
La aprobación ocurre en un contexto de alta tensión en regiones como La Libertad (Pataz) y Madre de Dios, donde la minería ilegal se ha entrelazado con delitos graves como el sicariato, la trata de personas y la destrucción de ecosistemas amazónicos.
Con este paso, la autógrafa de ley será enviada al Poder Ejecutivo. El Gobierno deberá decidir ahora si promulga la norma o si la observa, atendiendo a las presiones de los gremios empresariales y organismos internacionales que exigen un control más estricto sobre la extracción de oro en el Perú.
