Fuente: Poder Judicial
Procesados presentaron recurso para apartar a integrantes del Colegiado A, así como a la jueza María de los Ángeles Álvarez.
RCR, 24 de Septiembre.- El Colegiado B de la Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción de Funcionarios (SEDCF) será la instancia que resolverá los recursos de apelación a las recusaciones presentadas contra los jueces a cargo del caso denominado “Club de la Construcción”.
Este tribunal está conformado por los jueces superiores Victoria Sánchez Espinoza (presidenta), Fernando Bazán Cerdán y Marco Angulo Morales.
La recusación fue planteada contra los magistrados del Colegiado A Susana Castañeda Otsu, Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, por el representante de la empresa ICCGSA Rafael Granados Cueto, procesado con comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.
Este investigado pidió que los tres sean apartados de este caso por la causal de duda en su imparcialidad.
De otro lado, el Colegiado B también revisará la recusación contra la jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, María de los Ángeles Álvarez Camacho.
IMPROCEDENTE
El 10 de setiembre, Álvarez Camacho declaró improcedente ese recurso interpuesto por las defensas de Granados Cueto y del procesado Nicolay Castillo Gutzalenko.
Los impugnantes sostuvieron que la fiscal adjunta Rocío Balbín Mueras comentó en un programa periodístico que el requerimiento contra los investigados, no contaba con los elementos de convicción suficientes, debido a una serie de irregularidades cometidas en la Fiscalía.
Por ello, advirtieron la existencia de un presunto acto arbitrario e ilegal por parte de la jueza Álvarez Camacho al aceptar un pedido que –según la propia fiscal Balbín Mueras- no cumplía con los estándares constitucionales ni convencionales de la prueba indiciaria para su aprobación.
La jueza, sin embargo, al declarar improcedente el pedido, fundamentó que lo señalado por los abogados constituye un hecho ajeno a su conducta que no pone en discusión su imparcialidad.
En el denominado caso “Club de la Construcción” son investigadas 18 personas vinculadas a Odebrecht y a varias empresas constructoras por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según el Ministerio Público, entre los años 2011 y 2014, estas compañías realizaron acuerdos ilegales y licitaciones fraudulentas en contratos de obras públicas.
