CHINCHERO: VIZCARRA SE ENCUENTRA EN MANOS DE ZORAIDA ÁVALOS

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Fuente: Diario Correo

Hipótesis de fiscal Zoila apunta a un “pacto colusorio” entre hoy exfuncionarios del MTC y el consorcio Kuntur Wasi por irregular adenda en contrato firmado para la construcción de aeropuerto.

Para la fiscal anticorrupción Zoila Sueno, el caso Chinchero no es un tema que se cierre solamente con la formalización de la investigación preparatoria contra Fiorella Molinelli, actual presidenta de EsSalud y exviceministra de Transportes, comprometida en estas pesquisas.

Y es que en uno de los extremos del expediente que derivó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, existen nuevos elementos de convicción que harían presumir la participación del hoy presidente Martín Vizcarra en un presunto “pacto colusorio” para sacar adelante la firma de la adenda N°1 del contrato de concesión del aeropuerto cusqueño.

Para la fiscal anticorrupción Zoila Sueno, el caso Chinchero no es un tema que se cierre solamente con la formalización de la investigación preparatoria contra Fiorella Molinelli, actual presidenta de EsSalud y exviceministra de Transportes, comprometida en estas pesquisas.

Y es que en uno de los extremos del expediente que derivó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, existen nuevos elementos de convicción que harían presumir la participación del hoy presidente Martín Vizcarra en un presunto “pacto colusorio” para sacar adelante la firma de la adenda N°1 del contrato de concesión del aeropuerto cusqueño.

La documentación se encuentra en manos de la titular del Ministerio Público desde el último 23 de agosto, por lo que la magistrada suprema debe decidir si procede a investigar o archiva lo derivado por la fiscal anticorrupción.

De acuerdo con la documentación a la que accedió Correo, Sueno, de la Primera Fiscalía Anticorrupción (Cuarto Despacho), halló información en el equipo de cómputo (laptop) de José Balta del Río, gerente general de la sociedad aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., que estaría vinculada a la investigación 65-2017, realizada por el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra. La pesquisa fue archivada de manera provisional por el fiscal supremo Pablo Sánchez en marzo del 2018.

Según el penalista Luis Lamas Puccio, dada la prerrogativa del presidente Vizcarra, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debe enviar un informe al Congreso para que se pronuncie al respecto.

“La fiscal de la Nación debería remitir estos nuevos elementos hacia el Congreso informando lo que halló la fiscal anticorrupción”, advirtió.

LOS INDICIOS. La fiscal Zoila Sueno informó a la fiscal Ávalos que en el citado equipo se halló un pliego interrogatorio de 10 preguntas y respuestas para el extitular del MTC Martín Vizcarra con fecha 10 de marzo del 2017.

Según las pesquisas de la fiscal anticorrupción, estas guardarían relación con el pliego de interpelación del exministro por el Congreso que se realizó el 16 de marzo de ese año por la firma de la adenda N°1 del contrato de concesión del proyectado aeropuerto de Chinchero en el Cusco.

Asimismo, se registraron los documentos sobre dos proyectos de apoyo en la determinación del PAO (Pago Anual por Obra) trimestral correspondiente al contrato de concesión del aeropuerto, el cual fue desarrollado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) ordenado por el exministro Vizcarra.

Otro es el informe que el MTC solicitó a la CAF para resolver supuestamente la controversia suscitada en el concedente y la concesionaria sobre la determinación del interés, por el cual el Estado pagó la suma de $45 mil, siendo que estos informes se encontraron en dos proyectos con dos fechas distintas, uno del 19 y otro del 21 de octubre del 2016.

Sobre este punto, la fiscal Sueno advirtió que la CAF remitió el informe al Estado recién el 7 de noviembre del 2016, el cual tenía fecha de 4 de noviembre; es decir, que la concesionaria Kuntur Wasi tuvo esos informes con antelación, desconociéndose cuál habría sido el propósito.

En las indagaciones, la magistrada preguntó a la CAF sobre estas incidencias, pero no logró ningún esclarecimiento porque —de acuerdo con el documento— la entidad señaló que sus funcionarios están protegidos por inmunidad por el convenio de Viena.

En ese sentido, la Fiscalía no se quedó de brazos cruzados y solicitó la información a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones (UCJIE) del Ministerio Público.

También se halló un proyecto de la adenda N°1 en formato Word con fecha 3 de enero del 2017, sin firmas, siendo el mismo proyecto de adenda que aparece adjunto remitiéndose mediante oficio N°0028-2017 a Ositran para el pronunciamiento correspondiente. Sin embargo, dicho proyecto cuenta con vistos buenos del director de concesiones del MTC (Yaco Rosas) y del gerente general José Balta del Río.

FACTOR PPK. La Procuraduría Anticorrupción de Amado Enco informó a la fiscal Sueno que la empresa Andino Investment Holding S.A., la cual forma parte del consorcio Kuntur Wasi, había donado en los años 2013 y 2014 al instituto País, una ONG creada por el hoy expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la suma de $50 mil, hecho que fue corroborado por el propio gerente de Kuntur Wasi, José Balta del Río, quien entregó los certificados de donación al Instituto País (IPaís).

Esta fundación, creada en el 2010, se define como una organización sin fines de lucro “que busca formar una nueva generación de líderes, que con capacidad técnica y sentido social puedan lograr una gestión eficiente del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones”.

Es más, según señala el propio expresidente en un video de 2014, el Instituto País tiene como fin promover la participación de jóvenes en la función pública mediante una serie de capacitaciones y talleres.

Cabe mencionar que desde noviembre del 2015 hasta la actualidad no existen mayores publicaciones de la citada organización en sus cuentas de redes sociales.

EL ORIGEN. El procurador anticorrupción Amado Enco denunció el 3 de marzo del 2017 al entonces titular del MTC, Martín Vizcarra, a su viceministra Fiorella Molinelli, al director de concesiones, Yaco Rosas, así como al representante de Kuntur Wasi, Carlos Vargas Loret de Mola, y a los miembros de Ositran Antonio Balbuena y Alfredo Dammert por los delitos de colusión y negociación incompatible.

El representante del Estado para casos de corrupción explicó a la Fiscalía que existiría un supuesto “pacto colusorio” entre los funcionarios del MTC y el MEF, junto a los representantes del consorcio Kuntur Wasi, para realizar la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero en el Cusco con el fin de beneficiar a intereses privados, ocasionando un perjuicio al país.

A pesar de las críticas que en su momento recibió el procurador Enco por impulsar dicha denuncia, la prolija investigación que ha encabezado la fiscal anticorrupción Zoila Sueno durante dos años y cinco meses confirmó la hipótesis planteada por la Procuraduría, pero además recoge nuevas evidencias que han permitido formalizar una investigación preparatoria en contra de la entonces viceministra Molinelli y otras 12 personas, así como indicios que volverían a vincular a Vizcarra con este caso.

El procurador Enco señaló que la fiscal Sueno halló información relevante que vincularía al presidente Vizcarra, pero que para confirmar estas hipótesis deberá realizar diferentes actos de investigación.

“Hemos pasado a un nivel más avanzado de la investigación. Se abre a partir de ahora una etapa de investigación formal y (donde) se van a realizar actos de investigación para confirmar esta hipótesis”, declaró a Canal N.