RCR, 15 de mayo 2025.- La minería ilegal es una actividad ilícita que se da sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que causa o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o a la salud.
Las formas agravadas surgen cuando el delito se comete en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera, en áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades nativas, campesinas o indígenas.
Igualmente, cuando se utiliza dragas, artefactos u otros instrumentos similares y cuando el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.
También cuando se afecta sistemas de irrigación o aguas destinados al consumo humano. Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público y si el agente emplea para la comisión del delito a menores de edad u otra persona inimputable.
Sobre este tema César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, y experto en temas medioambientales, señaló que una de las causas de esta crisis es la confusión entre minería ilegal e informal, una diferencia que, aunque técnica tiene profundas implicancias legales y sociales. Agregó que la situación se agrava por el alto precio del oro que ha superado lo 3.500 dólares la onza.
“La minería formal es ejercida por personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y por tanto reconocidas por el Estado. En cambio, la minería ilegal no tiene ningún reconocimiento oficial y opera en zonas prohibidas, como cuerpos de agua, patrimonios culturales y áreas naturales protegidas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que la situación se agrava por el alto precio internacional del oro, que ha superado los 3,500 dólares la onza, lo que ha convertido a la minería ilegal en una actividad incluso más lucrativa que el narcotráfico.
“La Unidad de Inteligencia Financiera dijo el año pasado que la minería ilegal había movilizado más de 10,500 millones de dólares. Estos son cifras claras, pero nuevamente hay cifras ocultas, más allá de los temas de contaminación que normalmente generan, causan daños irreversibles a las personas”, expresó.
Finalmente, remarcó que el Observatorio de Minería Ilegal ha advertido que la violencia en Pataz podría replicarse en otras regiones como Cajamarca, Piura o Puno, e indicó que parte de la responsabilidad recae en los poderes del Estado.
“Las políticas del Congreso y del Estado peruano es consolidar más bien a estas organizaciones criminales. Han flexibilizado todo el marco jurídico de lucha contra la criminalidad organizada, además de la reciente publicación de la ley contra sobre extinción de dominio. Todas estas medidas facilitan la consolidación de grupos criminales”, puntualizó.
