RCR, 21 de Febrero 2022 .- Javier Gonzales-Olaechea Franco, politólogo y columnista del diario El Comercio, señaló que el presidente Pedro Castillo está engañando a la población al anunciar que solicitará a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de una misión anticorrupción. Precisó que dicho organismo no tiene facultades para organizar una misión de se tipo.

“La OEA es un organismo hemisférico que abarca todo América Central, Caribe, América del Norte y América. No están facultados para organizar una misión que tenga por objetivo asuntos de corrupción, salvo cuando son misiones de observación electoral, donde se firma un acuerdo como país y es caso por caso”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que la OEA no tiene ninguna facultad respecto a la misión que indagara sobre los actos de corrupción de este gobierno y los anteriores. “Ahí cabe la posibilidad de que el presidente ignora la naturaleza de esta entidad interamericana que es política y es conformada por países. El canciller Landa conoce el sistema interamericano y le pudo haber indicado que la OEA no tiene facultad ni mecanismo para atender ese tema”, indicó.

“La tercera posibilidad es que es un acto de demagogia para engañar a la gran mayoría de peruanos y eso significa ignorar abiertamente las instituciones en el marco de la Constitución que están obligadas para perseguir delitos de corrupción, que son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República y nadie puede suplantar a estas instituciones”, expresó.

También manifestó que la denuncia del procurador del Estado Javier Pacheco es gravísima, porque la señora Zoraida Ávalos sería presuntamente partícipe de los ‘Cuellos blancos del Callao’. “A lo cual se ha añadido estas denuncias periodísticas de presuntas obtenciones de diplomas falsos, lo cual en caso de ser cierto sería un delito contra la fe pública y sería el colmo que la autoridad encargada de perseguir el delito sea sospechosa de ser parte de una organización criminal y menos tener títulos falsos”, afirmó.

“La situación de Ávalos es delicada y compete a la Junta Nacional de Justicia actuar. Tendrá que ser investigada con el debido proceso. Yo demando que ese expediente de 400 páginas de evidencias del caso sea de público conocimiento, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a la verdad.  El derecho a la verdad es un derecho no negociable”, agregó.

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