Representante de la Defensoría del Pueblo en la región Puno, Jacinto Ticona, insistió también en denunciar la mantención de falencias en las acciones de prevención contra la violencia contra la mujer en su jurisdicción, al indicar que “allí nos falta articular mejor con las demás instituciones y la sociedad civil organizada”.
RCR, 8 de julio 2019 .- Los casos de violencia extrema contra la mujer y feminicidio en la región Puno se ha disparado a niveles extremadamente alarmantes, en lo que va del presente año, lo cual es sumamente preocupante y merece una respuesta eficaz y articulada de todos los sectores sociales y gubernativos de la sociedad puneña, demandó el representante de la Defensoría del Pueblo en dicha circunscripción, Jacinto Ticona.
“Estamos viviendo un periodo bastante violencia, incluso violencia extrema, que antes no se presentaba en la magnitud que ahora ocurre en Puno. Lo cual nos preocupa, porque sin ir muy lejos, en el 2015, teníamos registrados sólo tres casos de feminicidios. Y, aun cuando un solo caso nos indigne y genere nuestro rechazo, en los primeros seis meses de este año (ya) se han registrado diez casos de maltratos y violencia extrema hacia la mujer”, subrayó.
Y tras indicar que de esos diez casos, ocho ya están judicializados y en investigación fiscal por delito de feminicidio, resaltó precisamente que, de esos últimos, todos tienen prisión preventiva.
“En ese sentido, lo que queda aho9ra es que las familias (afectadas) están esperando justicia. Ya corresponde que el Poder Judicial evalúe (estos casos), a fin de emitir la sanción que corresponda, más aún si varios de los propios imputados han admitido la forma cómo han violentado a la mujer”, puntualizó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Ticona insistió también en denunciar la mantención de falencias en la prevención de la violencia contra la mujer en la región Puno, al indicar que “allí nos falta articular mejor con las demás instituciones y la sociedad civil organizada”.
“Digo con las demás instituciones, porque se ha reducido el tratamiento de la violencia contra la mujer a las instituciones más conocidas, como son el Centro de Emergencia Mujer, las fiscalías y las comisarías. Si bien ellos son los más llamados, pero en la fase de prevención nos estamos olvidando de algo importante: que la ley 30364 ha señalado, tanto en su Reglamento, como en sus modificatorias, que los gobiernos locales tienen el rol de liderar la articulación, concertación de sus instituciones en sus (respectivas) localidades. Y eso es lo que no vemos”, enfatizó.
Al respecto, la autoridad defensorial reveló que hace un mes su organismo visitó a catorce municipalidades distritales, de las cuales –anotó- solo dos tenían comprometidas acciones contra la violencia a la mujer.
“Hemos emitido las recomendaciones. Porque lo que la gente está esperando son medidas completas, acciones multisectoriales en las localidades para enfrentar el tema de la violencia contra la mujer”, remarcó.
Explicó que si bien son múltiples las causas y motivación que llevan a la perpetración de los feminicidios en la región Puno, Ticona alertó que el tema de la salud mental, y su grave deterioro, destaca de manera fundamental en esta problemática, porque lo que “urge trabajar” en este aspecto.
Recientemente, el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables instaló la Mesa de Trabajo Intersectorial denominada “No más feminicidios en la región Puno”, debido a la alta tasa de casos y violencia en dicha región.
La titular del sector, Gloria Montenegro, refirió que en su portafolio ha actuado en esa región “con todos sus programas de prevención y atención”, al punto de haberse implementado 18 Centros de Emergencia Mujer, dos centros de salud mental y tres centros de atención residencial, entre otros.
Inclusive dijo que el gobierno regional ha recibido S/ 924 000 (novecientos veinticuatro mil soles) para la adopción de medidas preventivas a este flagelo.
“O sea, no hay excusa ahora para decir: ¨no hay plata´´… Los gobiernos locales dijeron, incluso, que se descentralice ese presupuesto para que, en el marco de la Ley 30364, puedan ellos elaborar un pequeño plan y acciones concretas. La idea es que cada institución ponga de su parte. Porque el problema de la violencia no lo vamos a poder erradicar y enfrentar de manera aislada y desarticulada”, concluyó Ticona.
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