CASOS DE CORRUPCIÓN EN ENTREGA DE CANASTAS SON ACTOS CRIMINALES QUE DEBEN SER CONDENADOS CON PENA AGRAVADA

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RCR, 21 de mayo de 2020.- Fernando Ugaz, abogado y procesalista penal, sostuvo que los casos de corrupción en los municipios donde las canastas no han llegado a su destino o han sido entregadas con gusanos o sin respetar las normas de bioseguridad son actos criminales que deberían ser condenados con una pena agravada. También consideró que las irregularidades detectadas en la Contraloría son un caso único en la historia de la corrupción del Perú.

 “Los casos donde no se han respetado las normas de bioseguridad, o hayan dado productos con gusanos o los casos donde los productos no hayan llegado a su destino, en verdad esos casos son extremos y criminales. Para ellos debería haber una pena agravada incluso, porque estos son casos de asistencia social y eso agrava más la situación”, sostuvo el jurista, quien ha desarrollado un mapeo de la corrupción en 15 municipalidades y gobiernos locales en medio de la crisis sanitaria.

Sostuvo que el Gobierno le asignó determinado presupuesto  a las alcaldías para implementar adquisiciones de productos de necesidad básica para atender los casos que requieren mayor asistencia social. “Hay tres etapas concretas. En primer lugar, está la etapa de la identificación de los beneficiarios. Hay una segunda etapa de gestación de presupuesto y adquisición de bienes. Y hay una tercera etapa que es la distribución y entrega de las canastas”, precisó.

Señaló que en la primera etapa advirtió varias irregularidades como la inexistencia del registro del padrón para la entrega de canastas. “También hemos identificado que en el padrón figuraban en muchos casos familiares de los regidores y alcaldes. También hemos encontrado que muchos listados de beneficiarios no estaban en la rendición de cuentas en el municipio, en el Seace y en la web de transparencia”, dijo. 

Manifestó que en la etapa de la adquisición de bienes los productos entregados en muchos casos no correspondían al orden de compra. “En otros casos no se acreditó la inocuidad de los productos como en Huaraz y en Mala. En otros casos ha habido manipulación de alimentos sin respetar la bioseguridad o el almacenamiento en lugares insalubres como en Piura y Trujillo”, anotó.

“Hay casos donde no se respetan las normas de bioseguridad. Hay otros casos, donde no se tienen registros de los beneficiarios o se han alterado los productos cambiándoles de etiqueta y precios, incluso se han entregado productos con gusanos, como hemos visto en San Juan de Lurigancho. La falta de registro sanitario lo hemos visto en Mala. En Trujillo se han entregado canastas incompletas”, informó.

Mencionó que algunos casos los alcaldes cometieron el delito de colusión al recibir dinero para comprar las canastas y no las compraron y no las entregaron a sus destinatarios. “Otros casos son de malversación, el dinero a donde se habrá ido. Ese tipo de casos los encontramos en Arequipa. En algunos casos las canastas han llegado a donde no le correspondían como es el caso del alcalde Cornejo en Arequipa o el alcalde Cabezas en Trujillo”, subrayó.

Corrupción increíble en la Contraloría

Ugaz también enfatizó que las irregularidades en la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y EsSalud tienen que investigarse preventivamente por la Contraloría y la Fiscalía. “Ahora el caso de la Contraloría es un caso único en la historia de la corrupción en el Perú. Se han encontrado sobrevaluaciones en la Contraloría sin controlar increíblemente. Este es un tema transversal en la lucha contra la corrupción y hay actos criminales que tienen que ser investigados prontamente”, puntualizó.

Explicó asimismo que la mayor cantidad de casos donde se han identificado irregularidades y delitos en la Policía Nacional han sido en las adquisiciones de las macroregiones y en las regiones policiales. “Este tipo de adquisiciones han sido por contratación directa. Por ejemplo, en un día se hicieron contrataciones directas, o para un solo producto han conjugado tres o cuatro proveedores, o la sobrevaluación. Aquí hay temas que pueden ser justificables y entendibles porque en una contratación directa puede haber una regularización”, dijo.

“Lo que si no es entendible y no es justificable y es criminal son los hechos donde se han tratado de adquirir ventiladores donde en un estado normal están $5,000 y hay presupuesto de $54,000 por ventilador. Esos son casos son evidentemente criminales y los indicios nos permiten determinar que la sobrevaluación han tenido que ver con el enjuague corrupto por parte de funcionarios corruptos al más alto nivel”, remarcó.

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