Fuente: Diario el Correo

Parlamentarios analizan hoy el dictamen que ordena archivar denuncia contra magistrados del TC. Esperan que el ente supranacional explique las razones del fallo

El Congreso de la República no se quedará con los brazos cruzados ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que le ordena que archive una denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por el caso El Frontón.

Así, a horas de que se revise el asunto en la Junta de Portavoces, surgió una alternativa que hizo eco entre varios parlamentarios: exigirle por escrito a la entidad supranacional que detalle su resolución.

En conversación con Correo, el vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, informó que planteará esta posibilidad hoy a las 4 p.m. a sus colegas, en aras de conocer “por qué la Corte-IDH falló en torno a una denuncia constitucional que aún está en curso” en el Legislativo. “Si no se ha terminado de hacer un proceso, ¿por qué se condena con anticipación?”, expresó.

Hay que precisar que el informe -que acusa constitucionalmente a Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña- tenía que ser votado en la Comisión Permanente y luego en el pleno.

Consenso

Al respecto, congresistas de diversas bancadas, que tienen posiciones a favor y en contra de acatar el fallo de la Corte-IDH, respaldaron la iniciativa del apepista.

Es así que Víctor Andrés García Belaunde (AP) dijo que “es una opción válida, porque la Corte-IDH tiene que aclarar” su resolución. “Estos señores nos tienen que aclarar por qué se han pronunciado cuando hay un proceso pendiente. ¡No saben cómo funciona el Parlamento peruano!”, refirió.

En la misma línea, y pese a haber reprochado el comunicado de Luis Galarreta -donde le pide al jefe de Estado que haga respetar la “soberanía”-, el portavoz oficialista Gilbert Violeta señaló: “No me parece una idea fuera de lugar”. “Siempre que partamos del principio de que vamos a respetar los fallos de la Corte-IDH, realizar alguna consulta para aclarar cierto aspecto, no es un tema que se pueda desestimar”.

A su turno, la fujimorista Karina Beteta tampoco rechazó la opción de requerirle información a la instancia internacional. “Por supuesto que debemos exigirle a la Corte-IDH que explique su fallo”, esgrimió.

No obstante, Beteta consideró que el Estado peruano no debe acatar la resolución de la corte supranacional. “Si acatamos este fallo, tendría entonces que desaparecer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso”, opinó.

También el aprista Jorge del Castillo sostuvo que es importante tener detalles de la cuestionada decisión, pero no basta con “una carta”, sino que -subrayó- “el Estado debe presentar un recurso formal para solicitar sustentación jurídica”.

La izquierda parlamentaria no fue ajena a este debate y, a través de los parlamentarios Jorge Castro (Frente Amplio) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), avalaron la propuesta de César Villanueva. “No tenemos problemas en apoyar todo lo que ayude a aclarar la situación”, manifestó Quintanilla.

“Tenemos que saber por qué la corte ha adelantado un juicio sobre una situación que aún no ha terminado de verse en el Congreso”, añadió Castro.

Réplica

En respuesta, Roberto Pereira, abogado de los cuatro magistrados del TC, acotó que la Corte-IDH consideró que en ningún momento se debió abrir un proceso en el Congreso contra los juristas, con lo que, según dijo, queda sin piso el argumento de que la acusación constitucional todavía estaba en trámite. “La corte señala que el solo hecho de haber abierto el proceso genera un problema de amedrentamiento, en perjuicio a la imparcialidad de los jueces”, afirmó.

Y agregó: “No se puede someter a un magistrado porque se discrepa del contenido de su fallo”.