RCR, 21 de mayo 2025.- El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, sostuvo que no se ha tenido avances para poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en un par de semanas, por lo tanto, consideró que convertirla en hereditario carece de lógica puesto que los registros no deberían ser transferibles.
“No hay nada que haya modificado las condiciones iniciales del REINFO, el reglamento que se ha emitido no tiene nada de diferente respecto a lo que ya había, entonces lo que no se ha logrado en ocho años es bien difícil que se logre en un par de semanas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que convertir el REINFO en hereditario carece de lógica legal, ya que los permisos personales no deberían ser transferibles. Además, indicó que no existe ninguna necesidad técnica o administrativa para permitir esta figura, y criticó que se haya mantenido en el reglamento pese a las observaciones presentadas durante su discusión.
“Me parece una situación absolutamente innecesaria, porque si el que está solicitando el REINFO quiere mirar el tema bajo un esquema de herencia, lo solicita como persona jurídica, entonces no habría necesidad de incluir en el reglamento el tema de la herencia, de lo contrario, estaremos cayendo en algo antirreglamentario o anticonstitucional”, expresó.
Indicó que el extender el REINFO hasta fines del 2025 contribuye a mantener un sistema permisivo aprobado por actores ilegales. “Mientras no esté terminado un proceso no puede culminar el siguiente, deja al limbo una situación que no es conveniente, y una vez más el Estado demuestra no tener la capacidad de controlar a una minería ilegal que ha llegado a acciones criminales”, anotó.
Herrera alertó sobre la gravedad del avance de la minería ilegal, vinculada cada vez más a la criminalidad organizada, ya que en el último año se reportaron ingresos de hasta 12 mil millones de dólares por actividades ilegales, superando incluso a la minería legal. Además, denunció vínculos entre dirigentes de minería informal y partidos políticos, lo cual debilita los esfuerzos estatales por controlar el sector.
“Queremos que la explotación se realice sobre reglas establecidas que protegen a las personas, protegen al ambiente y den otras consideraciones, porque necesitamos contribución económica. Entonces esas personas pueden sacar esos recursos y utilizarlos para así pagar el costo de la contribución económica que le corresponde al Estado”, comentó.
Remarcó que el Estado sí tiene las herramientas necesarias para fiscalizar y controlar la minería ilegal, especialmente mediante la supervisión de las plantas procesadoras de minerales. Sin embargo, cuestionó la falta de voluntad política para actuar con firmeza frente a una problemática que amenaza el orden social, la seguridad y la economía nacional.
