RCR, 27 de Setiembre 2022 .- Diego Sánchez Flórez, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), dijo que el canon y las regalías también deberían incluir la inversión en la contratación de personal experto en formular buenos proyectos, para cerrar las brechas de infraestructura en saneamiento, salud y educación en las comunidades. Señaló que actualmente gobernadores y alcaldes recurren a privados que realizan malos perfiles que acaban en obras paralizadas.
“Los municipios tienen muy poco margen para poder tener recursos extra y poder contratar personal de plantas y de calidad. Por ejemplo, el dinero del canon o de las regalías tampoco se puede gastar en contratar personal de calidad que puedan formular buenos proyectos. Entonces los municipios recurren a estos privados que formulas perfiles de acuerdo a intereses particulares y terminan habiendo obras que están mal formuladas o que no cumplen con los requisitos. Existen en el país más de 2376 obras a marzo de este año, que representan 21074 millones de soles”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que el canon debería servir también para contratar personal de calidad estable en los municipios, a fin de que los alcaldes no tengan que recurrir a estos actores privados que formulan proyectos basados en intereses particulares. “El canon podría modificarse y distribuirse más de acuerdo a la pobreza. Actualmente se distribuye por la cercanía al proyecto minero y no va necesariamente a la zona de mayor pobreza”, indicó.
“Los municipios locales y regionales carecen de profesionales que tengan la capacidad para poder formular proyectos de calidad. Entonces, muchos alcaldes y gobernadores recurren a los especialistas de estas empresas constructoras que tienen intereses particulares en construir determinadas obras en ámbitos locales y regionales. Estos especialistas formulan las obras que estás empresas esperan y muchas veces son quiénes se encargan de tramitar durante el año ante el MEF junto con los alcaldes el desarrollo de nuevas obras”, recalcó.
Señaló que el presupuesto público debería servir para reactivar la actividad económica a nivel local y regional, pero la manera de ejecutar el presupuesto no está sirviendo para ello. “No está sirviendo para hacer las obras que la población demanda, porque hay un conjunto de actores privados que intervienen en la priorización de determinados proyectos y mucho menos el presupuesto está sirviendo para formular obras necesarias en las zonas que tienen mayores brechas de pobreza, de infraestructura educativa, por ejemplo”, indicó.
Explicó que los presupuestos participativos no se aplican en la práctica, porque los alcaldes no están obligados a utilizar ese mecanismo. “Estos 20 años de descentralización nos han dado indicios para pensar que no se cumplen en la realidad. Hay como cuatro grandes presupuestos que sellaron la inclusión de estos mecanismos participativos, incluyendo el presupuesto participativo. Por ejemplo, las autoridades contaban con los recursos logísticos para implementar estos mecanismos”, expresó.
“En la realidad, los alcaldes tienen mucha discrecionalidad para decidir o no si es que toman en consideración los aportes de la sociedad civil, no hay una ley que establezca que hagan vinculante los acuerdos participativos para los alcaldes. Muchas veces estos espacios participativos son espacios donde intervienen más que organizaciones representativas, grupos de interés con agendas muy acotadas”, observó.
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