RCR, 05 de mayo 2025.- El analista Iván Arenas alertó que existe el riesgo de que el avance de la minería ilegal y el crimen organizado en Patáz, se replique en otras zonas del país como Piura y Cajamarca. Agregó que las autoridades den implementar medidas efectivas que eviten una cadena de conflictos.
“Patáz ha estado siempre en estado de emergencia, pero no es la primera vez que ocurren estas muertes, porque a la fecha hay aproximadamente 40 fallecidos y 20 torres destruidas por criminales, entonces las medidas implementado por el Gobierno es más de lo mismo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la eliminación de los REINFO suspendidos es positiva, pero insuficiente considerando que, sin alternativas reales, la informalidad continuará alimentando al crimen. Mencionó que la crisis por minería ilegal no se limita a Patáz, ya que también se ha extendido a Huamachuco, Santiago de Chuco, Quiruvilca, Otuzco e incluso Cajabamba
“Es muy difícil que esas organizaciones criminales pasen a otro lado, porque no se está hablando de la ruta del dinero. Tenemos que hacer básicamente un seguimiento de dónde viene el financiamiento de todas estas bandas criminales, pero también qué más vamos a hacer y cuál es la política de formalización, puede que estas medidas solo sean un paliativo”, expresó.
Arenas sostuvo que la corrupción estructural que atraviesa instituciones claves como la policía, el Poder Judicial y las fiscalías ambientales, es uno de los aspectos más preocupantes, ya que no se puede combatir la minería ilegal con los mismos funcionarios que han sido parte del problema.
“Una alternativa sería la declaratoria de emergencia nacional para reorganizar el sistema de formalización minera y combatir la impunidad, porque el problema no solamente está en eliminar los Reinfo suspendidos o vigentes, sino en dar una opción rápida y eficaz de formalizar al minero, de lo contrario, seguirá avanzando el precio del oro y se seguirá vendiendo a los ilegales”, anotó.
Advirtió que otro foco de preocupación es la expansión del modelo criminal de Pataz a otras regiones como Piura y Cajamarca, que si no se toman acciones correspondientes se generará una cadena de conflictos en todo el norte y la sierra sur del país.
“En Condorcanqui, las comunidades nativas participan en la minería ilegal; en San Ignacio hubo múltiples marchas contra la minería formal; en Sorochuco hay una venta increíble de minería ilegal; en Tambogrande y el Alto Piura también persiste esta actividad, entonces es probable que tengamos varios Patáz con una serie de conflictividades”, enfatizó.
Finalmente, remarcó que, de no actuar con decisión política y reformas profundas, la minería ilegal podría convertirse en una amenaza para la democracia misma. “No será igual al narcotráfico, pero sí un fenómeno desestabilizador que pone en jaque la viabilidad de la República”, concluyó.
