RCR, 15 de abril de 2020.- Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, sostuvo que los representantes de los gobiernos regionales y locales estarían cometiendo un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad en caso de que no cumplan con las directivas emanadas por el Gobierno central en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19.
“Cuando hay una decisión que corresponde al Gobierno central los gobiernos regionales y locales tienen que cumplir, porque si no incurrirían en el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad y porque lesiona gravemente el orden jurídico y político del país, porque no es admisible que en una situación que la que vivimos tengamos una carreta con dos caballos tirando hacia lados distintos”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
En ese sentido, remarcó que si hubiese un incumplimiento de la norma se tiene que aplicar el código penal. “Es decir el procurador debería formular la denuncia pertinente ante el Ministerio Público sosteniendo que hay una persona que ejerce un cargo y viene desacatando un mandato de la ley. Eso implicaría judicializar el tema en tanto no exista un tipo de solución política”, dijo.
“Las autoridades regionales tienen que comprender cuál es exactamente el tipo de gobierno y comunidad política que tenemos y la importancia de la unidad y del acatamiento de las directivas del Gobierno nacional para solucionar esta crisis que sin la colaboración de las autoridades puede generar mayores daños de lo que ya ha ocasionado”, señaló.
Mencionó que no es la primera vez en que se presenta un desacato a la autoridad estatal. “Hay que recordar a los gobiernos regionales y locales que el Perú es un estado unitario y descentralizado. Eso significa que la dirección de la política de Gobierno está a cargo del Ejecutivo. Lo que se ha presentado es que para promover el desarrollo del país el Gobierno ha transferido algunas competencias a estos gobiernos regionales”, manifestó.
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