RCR , 18 de Octubre 2020 .- Matilde Cobeñas, adjunta para la Niñez y los Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, señaló que las 38 oficinas defensoriales a nivel nacional están atentas a que las autoridades cumplan con garantizar el derecho a la atención integral de la salud de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. En ese sentido, invocó a la ciudadanía a presentar sus quejas en caso la Policía y el Ministerio Público no cumplan con esa obligación.
“Tenemos 38 oficinas a nivel nacional y exigimos el cumplimiento. Recibimos reportes, de la Policía, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud. En algunos casos tenemos una respuesta positiva y en otros casos donde las autoridades son renuentes, denunciamos estos hechos ante su superior jerárquico para que puedan cumplir sus funciones y sean sancionados ante el incumplimiento”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que “el Estado tiene la obligación de garantizar la atención integral de las niñas que son víctimas de violación sexual y de todas las mujeres”. “Las cifras son alarmantes, en lo que va del año son más de 700 menores de 14 años que han sido madres. Son niñas y adolescentes que vieron frustrados sus planes de vida, muchas de ellas dejaron de estudiar, algunas tienen que empezar a trabajar. Un embarazo perjudica la salud a una niña, tanto en lo físico como en lo mental, porque el rechazo a un embarazo puede originar un efecto traumático, estrés, depresión, intentos de suicidio”, dijo.
“La Defensoría del Pueblo, está exigiendo una sanción de los agresores. Según la legislación penal peruana, se considera violación a todos los actos que se realizan a las menores de 14 años, no hay consentimiento acá, esto es violación y por lo tanto el Estado tiene que, a través de su poder punitivo, sancionar a todos estos agresores”, manifestó.
Lamentó que “en muchos casos las victimas están desprotegidas, porque el sistema de justicia no está funcionando”. “Por ejemplo, la Policía cuando conoce uno de estos hechos no avisa rápidamente al juzgado de familia para que se otorguen medidas de protección, tampoco avisa a la unidad de protección cuando las niñas han sido violentadas por sus propios familiares y a veces por sus propios progenitores”, expresó.
“No funciona, se demoran en dictar las medidas de protección los juzgados de familia, las fiscalías de familia, en algunos casos, no cumplen con su rol de investigar como corresponde. Hay una serie de fallas y problemas en el Estado. Hay que seguir a todas las entidades estatales del sistema de justicia que cumplan sus funciones. Si la ciudadanía advierte que la Policía no le hace caso cuando va a presentar una denuncia de violación, si la niña no es escuchada en una comisaría, tiene que presentar una queja ante la propia Policía y también puede hacerlo ante la Defensoría”, aseguró.
Remarcó que “hay que denunciar a las autoridades cuando incumple con su deber”. “También el Estado tiene que invertir en prevenir los actos de violencia sexual e implementar los servicios de atención a las víctimas, no solo en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. El Estado también tiene la obligación de instalar los servicios respectivos en zonas muy alejadas, como la selva y las comunidades indígenas. Si bien es cierto se debe respetar la identidad cultural de las comunidades, tiene que quedar claro que esto no puede avalar cualquier tipo de violencia contras las niñas”, subrayó.
