AUMENTO DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL DE TRABAJADORES AGRARIOS SERÍA INCONSTITUCIONAL Y PROVOCARÍA EL CIERRE DE EMPRESAS AGROEXPORTADORAS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

RCR, 14 de diciembre de 2020.- Francesca Carnesella, directora de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), advirtió que un aumento de la remuneración mínima vital de los trabajadores sería inconstitucional y provocaría el cierre de las empresas formales. También subrayó que la nueva norma debe reconocer la actividad temporal de la agroexportación, para no perjudicar al sector en momentos en que el COVID-19 ha golpeado a la economía.

“La Constitución establece que la remuneración mínima vital la regula el Estado a través del Consejo Nacional del Trabajo. Si el Estado está pensando en un aumento a la remuneración mínima vital (porque es discriminatorio hacer aumentos para un sector especifico”, es primero inconstitucional, porque el Congreso no puede regular ese monto. Y segundo, es el poder Ejecutivo el llamado a evaluar si el Perú, tras una pandemia, está en condiciones de elevar la remuneración mínima vital”, afirmó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Explicó que “en esta ley estaban incluidas las actividades de apicultura, de forestación, y son muchas de las actividades conexas que se verían afectadas”. “Si se aprueba una ley que no tiene conceptos que no son técnicos y pueden sonar muy populares, porque el argumento de subir la remuneración a un determinado nivel es un argumento populista, estamos dejando de lado lo que hemos construido”, recalcó.

“El régimen agrario no solo aplica al agro, los polleros han sacado un comunicado diciendo que el incremento arbitrario de la remuneración mínima vital podría llevar a un incremento del precio del pollo. Estamos hablando de un impacto inmenso en la economía, que tiene que ser meditado y hecho con sosiego y pensando en el Perú”, indicó.

Manifestó además que “el nuevo régimen tiene que reconocer la naturaleza estacional y temporal del sector agrario y por ende debe permitir contratar personal temporalmente, porque esto le da flexibilidad al trabajador”. “El trabajador puede hoy día estar cosechando maíz, mañana palta, pasado mañana la uva, incluso se puede ocupar de su propio fundo. La contratación temporal le da posibilidad al trabajador de escoger y de trabajar todo el año. Nosotros queremos que los trabajadores tengan la posibilidad de cambiar sin perder su seguro, su CTS, su gratificación, para sacar el máximo provecho a su trabajo”, precisó.

Sunafil debe cumplir con sancionar a services

Carnesella subrayó que “la Ley de Promoción Agraria anterior ha sido una ley promocional que ha permitido reducir la pobreza en los últimos 20 años de 80% a 30%”. “Ha sido una ley que ha permitido polos de desarrollo descentralizado, que ha habido services que han abusado, sí, por eso hemos instado por escrito a Sunafil a que diga los nombres de estas empresas y de estos services”, declaró.

“Nosotros estamos proponiendo la prohibición total de las services, aunque la ley anterior ya la prohibía. Sunafil esta obligada a dar los nombres de las empresas que usaban las services, porque eso ya era ilegal antes de la derogación de la ley. Como hemos podido ver en la encuesta de Ipsos, la mayor cantidad de las personas considera que el problema del agro surge por las services”, aseveró.

Remarcó que “el primer punto más importante es el compromiso de implementar líneas gratuitas y de fortalecer la Sunafil para que pueda sancionar a los services y a las empresas que hacen mal uso de la ley”. “Luego estamos proponiendo la creación e implementación de un instituto de capacitación agraria, es algo que como sector hemos estado persiguiendo desde hace mucho tiempo y la ley nos puede ayudar a hacerlo”, manifestó.

“Nosotros como AGAP hemos enviado una carta hace cuatro días a Sunafil pidiéndole que por favor den los nombres de las empresas que han incumplido, que den los nombres de los services que tienen que ser sancionados, nosotros necesitamos saber quienes son esas empresas irresponsables. Todo esto se ha originado no por la ley sino por empresas que han hecho mal uso de la ley”, insistió.

Nueva ley debe establecer obras por impuestos

Asimismo, enfatizó que AGAP ha planteado el establecimiento de obras por impuestos. “Algo que hemos recogido en el Congreso, el día que se invitó a los trabajadores y a las empresas para exponer sus puntos de vista, es que los impuestos que eran pagados no regresaban a la zona. Estamos proponiendo un mecanismo de obras por impuesto, para que ese dinero que las empresas formales dan al Estado, pueda revertir a las zonas. Todas son zonas rurales que necesitan obras como agua potable, saneamiento, hospitales, y necesitamos que ese dinero vuelva a la zona donde se produce la riqueza”, destacó.

“Se puede frenar la informalidad dando leyes como esta ley anterior, que sea promotora, que le permita al pequeño no tener una carga tan grande. Los grandes empresarios pueden talvez sostener cargas mayores, pero el pequeño no puede ser sometido a esa carga porque va a segur estando en la informalidad. En el Perú tenemos 4 millones trabajando en el agro y de esas personas solo el 20% es formal y en la agroexportación solo el 10%. Necesitamos una ley creativa que logre que el pequeño tenga facilidades para poder ser formal”, apuntó.

Resaltó que el gremio agroexportador también está planteando que para las inversiones nuevas se aplique una tasa del 15% por 10 años hasta llegar al 2029 con un incremento escalonado. “Lo que buscamos es una gradualidad y buscamos un régimen que promocione las actividades descentralizadas, para que zonas que no han sido desarrolladas puedan hacerlo”, observó.

“Yo estuve presente en la reunión que hubo en Lima en el Congreso y los trabajadores buscan que la ley mejore sus condiciones, que elimine los services, también buscan que sea una ley que sea viable para la empresa, porque si nosotros no tenemos empresas en el Perú no tenemos puestos de trabajo. Nosotros pensamos que los bonos de productividad son la manera de premiar al buen trabajador, nosotros ya tenemos bonos de productividad”, aclaró.

Señaló que “es indispensable que tengamos en el más corto plazo una nueva ley agraria, tenemos una gran preocupación por nuestros trabajadores”. “En estos momentos ellos han sido ingresados al régimen general y eso le genera al trabajador del campo muchas dificultades. Por ejemplo, el trabajador del campo vive al día y necesita una remuneración diaria que incluya su CTS, que incluya su gratificación y que la pueda cobrar diariamente y para eso tiene que haber una ley. En estos momentos, también nuestros trabajadores están desprotegidos, porque se han quedado sin acceso al SIS. El régimen anterior les permitía cambiar entre el seguro y el SIS y ahora si pasan de un trabajo a otro están desprotegidos”, dijo.

Ver entrevista…