RCR, 20 de enero 2026.- José Barrera, representante de la Asociación Motociclistas Unidos, expresó su rechazo a la reciente prohibición del transporte de dos personas en una motocicleta, medida que entró en vigencia en distritos de Lima Metropolitana declarados en estado de emergencia. Agregó que la norma es un atentado contra la libertad y la protección familiar de millones de ciudadanos.

“La disposición afecta de manera directa a cerca de 10 millones de personas en todo el país, entre conductores y pasajeros, que utilizan la motocicleta como un medio de transporte familiar y cotidiano. A su juicio, la medida no es proporcional ni tiene sustento técnico, ya que criminaliza a motociclistas formales que cumplen con todas las normas de tránsito, mientras que los delitos son cometidos por bandas delictivas específicas.

Cuestionó que el Ejecutivo haya optado por restringir derechos de los ciudadanos en lugar de enfocar sus acciones contra la delincuencia organizada. Mencionó que los delincuentes utilizan motocicletas por su versatilidad, pero que no se puede comparar a unos pocos cientos de criminales con millones de usuarios honestos que dependen de este vehículo para trabajar y movilizar a sus familias.

“Esta norma sienta un precedente peligroso, ya que en el futuro podría extenderse a otros tipos de vehículos. Incluso, durante anteriores restricciones similares aplicadas entre mayo y junio, se realizaron más de 86 mil intervenciones policiales, pero solo se detuvo a 13 personas, mientras que los delitos como homicidios con arma de fuego y hurtos aumentaron”, expresó.

Barrera sostuvo que la aplicación de multas que van desde 660 hasta más de 1 300 soles, además de la posible cancelación del brevete, al considerar que las normas de tránsito están diseñadas para regular la seguridad vial y no la seguridad ciudadana. En ese sentido, afirmó que sancionar a los motociclistas no constituye una estrategia eficaz para combatir la criminalidad ni la extorsión.

“El gremio realizó una movilización y sostuvo una reunión con el Defensor del Pueblo, quien asumió tres compromisos: solicitar la suspensión temporal o una marcha blanca de la medida, impulsar la instalación de una mesa técnica de trabajo con las autoridades competentes y gestionar la anulación de papeletas impuestas de manera irregular”, anotó.

Finalmente, reiteró su llamado al Gobierno para que derogue la norma y dirija los esfuerzos de seguridad contra los delincuentes, y no contra los ciudadanos que cumplen la ley. “Si el presidente ha sido capaz de reconocer sus errores, también tiene la oportunidad de admitir que esta medida es incorrecta”, subrayó.