Carlos Pagador Moya, gerente general del Instituto de Desarrollo de los Recursos Hídricos, indica que se ha desperdiciado nueve años y perdido tres mil millones de dólares por año.
RCR, 19 noviembre 2019.- El Gobierno Regional de Arequipa debe poner en marcha el proyecto especial Majes Siguas porque puede crear aproximadamente 600 mil empleos en todo el sur del Perú y además es capaz de generar más de tres mil millones de dólares de rentabilidad por año, sostuvo Carlos Pagador Moya, gerente general del Instituto de Desarrollo de los Recursos Hídricos.
“La inmensa posibilidad de Majes Siguas está comprobada por los proyectos que ya están en acción. Chavimochic con 24 mil hectáreas está aportando tres mil millones de dólares, y Majes Siguas II que tiene 38 mil 500 hectáreas tiene esa capacidad y más. La rentabilidad anual de tres mil millones de dólares compensa ampliamente cualquier inversión que estaría oscilando entre 500 y 700 millones de dólares”, dijo el especialista a través de Re de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que “el Estado recuperaría su dinero y el inversionista también. El impacto en la agroexportación de Majes Siguas está basado en los proyectos de Chavimochic y la nueva agricultura que se realiza en Pisco, Olmos y Piura. Es el momento, porque estamos desperdiciando nueve años y estamos perdiendo tres mil millones de dólares por año”.
Sobre el impacto laboral de Majes Siguas, afirmó que “este cálculo de empleo se basa en las estadísticas que tenemos de Chavimochic, Olmos e Ica. Este proyecto va a generar más de cien mil puestos directos de trabajo y de manera indirecta cinco veces más, entonces estamos hablando de 600 mil puestos de trabajo que abarcaría la demanda de mano de obra de todo el sur prácticamente”.
“El futuro al 2021 está sustentado financieramente y técnicamente, ya está hecho el proyecto, y lo único que se necesita simplemente es la decisión del Gobierno Regional, aceptar la adenda basado en la responsabilidad de una buena revisión y salir adelante. Con la tecnología nueva o no el proyecto tiene que salir adelante, porque el contrato ya se firmó el 2010, han pasado nueve años y es necesario que esto se termine”, aseguró.
Pagador Moya precisó que “el costo del proyecto es de 500 millones de dólares, del cual casi la mitad la pone el Estado, la mitad el concesionario, y hay una adenda que aumenta el costo en 200 millones de dólares, lo que haría un total de 700 millones si es que el Gobierno se decidiera a aceptarlo. Lo importante es que estas hectáreas podrían rendir tres mil millones de dólares es decir seis veces más de los montos que se discuten hasta este momento”, indicó.
“Las autoridades políticas necesitan dilucidar el tema de la adenda y tener un pronunciamiento claro, porque no podemos perder año tras año tres mil millones de dólares el tema de la adenda. Recuerdo que cuando iniciamos el proyecto tuvimos hasta una denuncia penal del procurador del Cusco y tuvimos que sustentar este proyecto en el Tribunal Constitucional. Ya hemos superado muchas etapas y realmente quien tiene que empujar el tema es el Gobierno Regional de Arequipa”, afirmó.
Manifestó que “cuando iniciamos el cierre del proyecto el año 2009 ya superamos el tema del agua y ya no debe haber un problema. Yo entiendo que para realizar un mayor costo tecnológico se tiene que revisar si ese costo es necesario y justificado y si no se puede rechazarlo. Además, ese costo (como corresponde a la segunda etapa) estaría a cargo del concesionario y no del Estado, que va a recuperar su inversión casi de inmediato”.
“El Gobierno Regional debe realizar una difusión de las ventajas y beneficios del proyecto y explicar por qué se debe limitar el uso del agua para que no afecte al ambiente. El año 2009 el Consejo Regional firmó un compromiso para educar a los agricultores y racionalizar el agua, porque la idea es que el agricultor no dependa del Estado. Es importante saber que el agua que toma Arequipa es el agua que llueve en el territorio de Arequipa y en caso negado de que se tenga que captar agua de otra región la Constitución Política indica que el agua en territorio nacional es propiedad del Estado y no de una región”, aclaró.
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