Ciudadana y vecina de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas), Mercedes Silva, acusó también al Estado, y a los sucesivos gobiernos, de ser los responsables directos de esta situación que afecta al referido centro de educación superior, ante su negativa a atender las necesidades de las provincias y su desidia en el combate a la corrupción regional y local.
RCR, 21 noviembre 2019.- La falta de licenciamiento de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), por causa de la corrupción y la desidia de sus propias autoridades, es indignante, denunció la ciudadana y vecina del distrito de Challhuahuacho (provincia de Cotabambas), Mercedes Silva.
“Y es indignante que la (filial de la) Universidad, en la provincia de Cotabambas, no esté licenciada. Cómo es posible que las autoridades o el Ministerio Público permitan que tengamos rectores corruptos. Por culpa de estos rectores, la universidad no está licenciada, donde muchos jóvenes, hijos de campesinos y comuneros están estudiando, en la filial de Cotabambas”, subrayó.
El Ministerio Publico, a través de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Apurímac, solicitó 18 meses de prisión preventiva para el rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), Adolfo Prado Cárdenas.
Dicho requerimiento fue presentado el pasado 4 de octubre al Poder Judicial de Apurímac, tras una investigación realizada por el fiscal Julio Cesar Orellana. Prado Cárdenas es investigado como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada en perjuicio de la UNAMBA. Asimismo, Juan Mario Arroyo Gómez, exasesor del rector, es investigado como cómplice del citado ilícito.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Silva acusó también al Estado, y a los sucesivos gobiernos, de ser los responsables directos de esta situación que afecta al referido centro de educación superior, ante su negativa a atender las necesidades de las provincias y su desidia en el combate a la corrupción regional y local.
“La Universidad tiene una filial en (la localidad de) Tambobamba. Lamentablemente, están corriendo peligro los jóvenes, porque solamente los alcaldes están asumiendo los pagos. Ahora, un grupo de mis paisanos cotabambinos están en Abancay, y van a entrar en huelga (por este hecho)… Las filiales no tienen un local propio, y están estudiando los jóvenes en carpas. No hay profesores. Entonces, ¿qué clase de profesionales van a salir?”, enfatizó.
En ese sentido, denunció que desde el 2015, en que se instalaron las Mesas de Diálogo en la provincia de Cotabambas, los ministros que han acudido a su circunscripción, no han hecho nada más que mentir y a engañar a la población.
“Así no se puede trabajar. Tenemos el proyecto (minero) Panoro, que está en provincia de Cotabambas. Y el proyecto Haquira, que está en el distrito de Challhuahuacho. Somos ciudadanos que entendemos cuál es el fin y el propósito de las inversiones. Pero, ¿dónde está el desarrollo para el pueblo? Eso no se puede permitir”, puntualizó.
La ciudadana Silva dijo que todas estas injusticias son las que motivan a los pobladores a levantarse contra los proyectos de inversión, a pesar de que no tener responsabilidad alguna en estas desatenciones que deben ser atendidas por el Estado peruano.
“Porque muchas veces (se) confunden y dicen: ¿Por qué, si nosotros tenemos un proyecto minero que aporta al Estado y al fisco, nosotros seguimos siendo marginados y discriminados? El gobierno es el que obliga al pueblo que se levante”, aseveró.
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