RCR, 26 de febrero de 2020.- El Poder Judicial debería condenar con todo el peso de la ley a los 15 exalcaldes y dirigentes antimineros por violentar el año 2015 a la población del valle del Tambo y extorsionar solo con fines económicos y personales a la empresa Southern con el pretexto de la defensa del agua en contra del proyecto Tía María, sostuvo Humberto Olaechea, representante de la Red Nacional de Líderes Sociales del Perú – Base Arequipa.

El dirigente arequipeño informó que será testigo en el juicio que se iniciará este lunes por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión al Estado, disturbios, entre otros al expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez; los alcaldes Richard Ale Cruz y Julio Cornejo Reynoso; los exalcaldes, Jaime de la Cruz Gallegos y José Miguel Ramos Carrera; los dirigentes Jesús Cornejo Reynoso, Justo Paredes Torres, Juan Meza Igme, Luis Justo Laredo, Esteban Pareja Prado, Martín Augusto Juárez Bernedo, Víctor Zeballos Ortiz y Juan Colquehuanca Chaiña, y Héctor Herrera.

“Yo me hecho testigo para llevar la voz de aquellas personas que fueron agredidas y humilladas, a las que quemaron sus casas. Yo tengo los argumentos para demostrar que es una organización criminal. Si se tratara del reclamo en defensa de derechos y libertades estaríamos nosotros en primera línea al lado de ese pueblo del Valle del Tambo, pero no es así ese pueblo el Valle del Tambo está secuestrado por esta organización criminal que los violenta”, remarcó el dirigente arequipeño a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Expresó que “en ese juicio oral se verá cómo ha primado el interés político y personal de un grupo personas para perjudicar la economía del país y eso ya se está sintiendo en Arequipa y en otros lugares del país”. “Me hice parte del juicio porque hay que romper el pacto infame de hablar a media voz y no se puede seguir teniendo en el país esta conducta de impunidad que los delincuentes tienen”, indicó.

“Yo espero de verdad que en este proceso quede absolutamente claro que no se está criminalizando la protesta, si no que se está rechazando los actos criminales que cometen delincuentes con el pretexto de la protesta y que esos actos criminales han terminado perjudicando no sólo al Valle del Tambo, no sólo a Arequipa sino al conjunto del país”, dijo.

Lamentó también que la Justicia se haya demorado cuatro años en iniciar el juicio. “Desde el 2015 estos hechos recién van a entra en audiencia pública y han habido un montón de tinterilladas para evitar que se sancione a estas personas, porque esta es una organización criminal que funciona desde el año 2010-2011 con el pretexto de oponerse a Tía María en la provincia de Islay, en el valle de tambo, para obtener beneficios personales ya sean políticos o económicos”, subrayó.

“Gracias a la grabación del abogado Urquizo, se pudo evidenciar que el interés que tenía para oponerse al proyecto era extorsionar a la empresa minera así como habíamos extorsionado a los alcaldes y al gobierno regional. En los audios, que son públicos, se escucha perfectamente a ‘Pepe’ Julio Gutiérrez diciéndole al abogado de la empresa minera ‘ya tú sabes cómo arreglamos como el 2011, nosotros nos retiramos y la protesta ya se desorganiza y se diluye’. Eso es textual y eso es lo que sucedió”, precisó.

Remarcó que “en este juicio no penaliza la protesta”. “Este juicio no es contra un grupo de personas que están defendiendo sus derechos y libertades sino contra una organización criminal que tiene un brazo mediático, un brazo legal, un brazo armado entre estos delincuentes, que en las protestas de este año se han vuelto a presentar con el mismo rostro cobrando cupos chantajeando extorsionando”, dijo.

“Cuando salen los audios en el 2015 nosotros pensamos que quedó al descubierto cuál era el verdadero motivo, porque allí no había un tema de contaminación y no iba a desaparecer la agricultura como ellos decían y no era una defensa del agua. Era simple y llanamente beneficio político y además un millón y medio de dólares que pedían esos tres dirigentes que son los mismos: ‘Pepe’ Julio Gutiérrez, De la Cruz y Cornejo”, enfatizó.

Resaltó además que en el juicio “existen denuncias de los propios agricultores a los cuales se les cobra un cupo por cada saco de papas que sacan de su cosecha a los pobladores por transitar de un distrito a otro”. “Es lo que se está denunciando y ojalá esperamos que sean sancionados para que no haya la impunidad que tiene desde hace ocho años en las mismas actitudes”, indicó.

Presidente Martín Vizcarra apoya a denunciados

El dirigente arequipeño advirtió además que los dirigentes antimineros siguen controlando el Valle del Tambo a pesar de que están denunciados, porque cuentan con el apoyo del presidente Martín Vizcarra. “La prueba está en todas estas protestas de los últimos cuatro meses. Ahora están en paro indefinido desde junio contra la resolución que autorizaba la construcción de Tía María. Son estas mismas personas las que han vuelto a tomar el control”, enfatizó.

“Ellos siguen manipulando a la población con el total apoyo del Gobierno, porque el Gobierno podría avanzar en una mesa desarrollo. Además ahora están respaldados por el gobernador regional de Arequipa, que es capaz de grabar al presidente de la República en sus infidencias y hacerlas públicas para hacerlo quedar como lo que es: un presidente que no gobierna, que no tiene autoridad que no ha sido capaz de enfrentar a estas personas con las mentiras que siguen repitiendo”, manifestó.

Lamentó que el proyecto Zofranal  que “estaba avanzando a cuentagotas el día de hoy tiene una cruz puesta encima y qué es el mismo lema de ‘agro sí, mina no’ contra Tía María”.  “Zofranal no significa ningún perjuicio al agro,  pero igual ese proyecto está amenazado con una lápida encima de parte de estas organizaciones antimineras”, anotó.

“Esta banda cuenta lamentablemente con la complicidad de un Estado que no ha sabido hacer cumplir la ley y ha sabido defender el Estado de Derecho. Ellos han inventado el cuento de que en el año 2009 hubo una consulta popular y la gente de Lima lo repite como si eso fuera cierto y es mentira no participó ni el 20% de la población de la provincia y la pregunta no era que haya mina o no sino si se usaba o no se usaba el agua subterránea que era lo que planteaba el primer estudio impacto ambiental”, dijo.

Advirtió también que “el Valle del Tambo es el mejor ejemplo de lo que haría un gobierno de esa tendencia que quiere estatizar las empresas, que quiere controlar la opinión pública y que quieren manejarse como comisarios políticos, que deciden quién entra y quién sale, quién pasa y quién no pasa, qué cosas se hace que se invierte que no se convierte”.

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