RCR, 24 de noviembre 2025.- El abogado penalista, Andy Carrión, señaló que el Ministerio Público ha logrado presentar un caso sustentado en el proceso contra el expresidente Martín Vizcarra por los presuntos sobornos para entregar las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Agregó que el acervo probatorio contra Vizcarra incluye colaboradores eficaces o testigos protegidos, la trazabilidad del dinero, la forma de generación y entrega del dinero, la geolocalización, las comunicaciones, los participantes intermediarios y documentos.
“El hecho es sintomático del momento político y judicial que atraviesa el Perú, es lamentable que dos exmandatarios enfrenten procesos penales, y esto también evidencia que ninguna autoridad está por encima de la ley, además el sistema judicial está demostrando capacidad de funcionamiento frente a delitos graves atribuidos a altos funcionarios”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que la Fiscalía ha sustentado un caso sólido basado en numerosos elementos probatorios, entre ellos, testimonios, colaboradores eficaces, trazabilidad del dinero, comunicaciones, geolocalización y documentos que respaldan la imputación. Por ello, consideró que existen altas probabilidades de que el tribunal se oriente hacia una sentencia condenatoria.
“La Fiscalía ha solicitado una pena máxima de 15 años de prisión, con nueve años correspondientes a un caso y seis al otro, aunque el tribunal también podría optar por absolver en uno de los hechos y condenar en el otro. Y en caso de que Vizcarra reciba una condena, sería trasladado nuevamente al penal de Barbadillo”, afirmó.
Carrión sostuvo que los delitos investigados contra Martín Vizcarra corresponden a su etapa como gobernador, por lo que, el INPE evalúa factores de seguridad y ha determinado que corresponde mantenerlo en dicho establecimiento, tal como ocurre con otros expresidentes, y esta decisión ha generado debate sobre el trato penitenciario diferenciado a exmandatarios.
“Si bien la legítima defensa es una figura legal válida cuando la vida del policía o de un tercero está en peligro, no se puede promover el uso indiscriminado de la fuerza, pues ello podría derivar en actos de justicia por mano propia y en procesos penales contra los propios agentes. El uso del arma de fuego debe responder siempre a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”, subrayó.
Finalmente, se refirió al caso de Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México y con prisión preventiva dictada por el Poder Judicial, explicando que mientras no exista salvoconducto otorgado por el Estado peruano, la exfuncionaria no puede abandonar la sede diplomática sin ser detenida de inmediato.
“Su situación también dependerá de lo que resuelva el tribunal este miércoles en el proceso por rebelión que involucra a Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros exfuncionarios. Entonces, tendremos una jornada judicial que será decisiva para el panorama político y judicial del país”, concluyó.
